Es oficial: multas de hasta 7.500 euros a las empresas que oculten información de los contratos y los salarios a sus trabajadores

El BOE convierte en infracción grave no informar sobre las condiciones laborales y refuerza el derecho de los empleados a conocer los salarios medios de quienes realizan el mismo trabajo, con un plazo de dos meses para recibir los datos.

Las empresas que no informen a sus trabajadores sobre las condiciones esenciales de sus contratos se enfrentan desde este jueves, 19 de noviembre, a multas de entre 751 y 7.500 euros. El Gobierno ha endurecido las sanciones por incumplir esta obligación, que hasta ahora se consideraba una infracción leve y que pasa a ser grave. La reforma también refuerza el derecho de los empleados a conocer los salarios medios de quienes realizan el mismo trabajo o uno de igual valor.

Los cambios aparecen recogidos en el Real Decreto-ley 39/2026, de 17 de noviembre, publicado este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE). La norma modifica el Estatuto de los Trabajadores y la legislación sobre igualdad retributiva, ademÔs de incorporar nuevas sanciones para las empresas que incumplan sus obligaciones de información.

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Para los trabajadores, la reforma supone disponer de mÔs información sobre lo que han firmado, las condiciones que deben respetarse durante la relación laboral y las diferencias salariales que puedan existir dentro de la empresa. Para los empleadores, no facilitar esa información puede tener ahora consecuencias económicas mayores.

Multas de hasta 7.500 euros por ocultar las condiciones del contrato

La principal novedad en materia de sanciones estÔ en la modificación del artículo 7.11 de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. La falta de información escrita sobre los elementos esenciales del contrato deja de estar entre las infracciones leves y pasa a considerarse grave, con multas que pueden alcanzar los 7.500 euros.

artĆ­culo 7.11 de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.
artĆ­culo 711 de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social | Foto BOE

La cuantía dependerÔ de la gravedad del incumplimiento y de las circunstancias que se tengan en cuenta para graduar la sanción. Las infracciones graves se castigan con multas de 751 a 1.500 euros en su grado mínimo, de 1.501 a 3.750 euros en el medio y de 3.751 a 7.500 euros en el mÔximo.

La obligación afecta a información que cualquier trabajador necesita conocer para comprobar si la empresa respeta las condiciones pactadas. Entre esos datos se encuentran el salario base, los complementos salariales, la jornada, las vacaciones, el periodo de prueba y el convenio colectivo aplicable, siempre que no estén ya recogidos en el contrato escrito.

Estas obligaciones de informar por escrito sobre el salario, la jornada y las demÔs condiciones laborales ya habían sido reforzadas con la normativa aprobada en septiembre. La reforma publicada ahora en el BOE aumenta las sanciones por incumplirlas y extiende expresamente el derecho a recibir esta información a todos los trabajadores, incluidos quienes tengan contratos de menos de cuatro semanas.

El mismo decreto también introduce cambios para quienes comienzan un empleo y entre ellos aparecen los nuevos límites del periodo de prueba, que reducen su duración en determinados contratos temporales y exigen justificar las ampliaciones previstas en convenio. Se trata de otra de las condiciones que el trabajador debe conocer antes de incorporarse a su puesto.

Los trabajadores podrƔn conocer los salarios medios de quienes hacen el mismo trabajo

Los trabajadores podrÔn solicitar a su empresa información por escrito sobre su propia retribución y los salarios medios de quienes realizan el mismo trabajo o uno de igual valor, con los datos diferenciados entre hombres y mujeres. Esta medida permitirÔ comparar las retribuciones de puestos equivalentes y conocer si existen diferencias salariales que puedan estar relacionadas con una discriminación.

Una vez recibida la solicitud, la empresa tendrÔ un plazo mÔximo de dos meses para responder por escrito y facilitar los datos correspondientes al salario base, los complementos salariales y las cantidades extrasalariales. Los empleados podrÔn presentar la petición directamente o a través de sus representantes, mientras que la empresa deberÔ recordar a la plantilla, al menos una vez al año, que dispone de este derecho y explicar cómo ejercerlo.

Las nuevas obligaciones también afectan a quienes buscan trabajo, ya que las empresas tendrÔn que informar del sueldo inicial en sus ofertas de empleo y no podrÔn preguntar a los candidatos cuÔnto cobraban en sus anteriores trabajos. De esta manera, los candidatos podrÔn conocer las condiciones económicas antes de incorporarse a un puesto, mientras que quienes ya trabajan en la empresa tendrÔn acceso a información para comparar sus salarios con los de otros empleados que desempeñan funciones equivalentes.

La información salarial que podrÔ solicitarse se refiere a las retribuciones medias de puestos iguales o de igual valor, mientras que las nóminas individuales de otros trabajadores siguen sujetas a la protección de datos personales. Esta diferencia ya había aparecido en una sentencia de la Audiencia Nacional que rechazó la entrega generalizada de salarios individuales sin una justificación relacionada con la igualdad retributiva.

La reforma también establece que serÔn nulas las clÔusulas que impidan a un trabajador revelar su propio salario cuando lo haga para defender su derecho a la igualdad retributiva. Con esta medida, los empleados podrÔn compartir información sobre lo que cobran para reclamar posibles diferencias salariales sin que la empresa pueda ampararse en una clÔusula de confidencialidad que prohíba hacerlo.

Las sanciones tambiƩn alcanzan al registro salarial y a las represalias

Las empresas que incumplan sus obligaciones de transparencia salarial tambiƩn se exponen a nuevas sanciones, especialmente cuando no elaboren correctamente el registro retributivo, el documento que recoge los valores medios de los salarios, complementos y percepciones extrasalariales de la plantilla. La reforma incorpora determinados incumplimientos de este registro entre las infracciones graves, con multas que pueden alcanzar los 7.500 euros.

Las obligaciones de información se amplían para las empresas de 50 o mÔs trabajadores, que deberÔn facilitar determinados datos sobre las diferencias salariales entre mujeres y hombres. Su aplicación serÔ progresiva, con plazos que dependerÔn del tamaño de la plantilla y de la información que deba comunicarse, mientras que el registro retributivo seguirÔ siendo obligatorio para todas las empresas, independientemente de su número de empleados.

La aprobación de estas medidas llega después de que España superara el plazo europeo para incorporar las nuevas reglas de transparencia salarial. Con las modificaciones publicadas en el BOE, los trabajadores dispondrÔn de mÔs información para comparar sus retribuciones con las de puestos equivalentes y reclamar cuando detecten posibles diferencias salariales injustificadas.

Las empresas también podrÔn enfrentarse a sanciones mÔs elevadas cuando adopten represalias contra trabajadores que hayan reclamado sus derechos laborales. Estas conductas pueden constituir una infracción muy grave, castigada con multas de entre 7.501 y 225.018 euros, según las circunstancias y la graduación de la sanción. La protección alcanza a quienes presentan reclamaciones para exigir el cumplimiento de sus derechos, incluida la igualdad retributiva.

Los cambios entran en vigor el 19 de noviembre de 2026, aunque algunas obligaciones de transparencia salarial disponen de plazos de adaptación. Las empresas deberÔn cumplir las nuevas exigencias de información y atender las solicitudes de sus trabajadores, que contarÔn con mÔs herramientas para conocer sus condiciones laborales y comprobar si reciben el salario que les corresponde.

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