El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ya ha puesto fecha a una de las decisiones más esperadas para el empleo público en España. La corte europea dictará sentencia el próximo 14 de abril sobre si la Administración debe hacer fijos a los interinos que hayan encadenado contratos temporales de forma abusiva.
El fallo puede tener un impacto muy importante, ya que en la actualidad alrededor del 32% de los trabajadores de la Administración pública tienen contratos temporales. Esto supone que la decisión podría afectar potencialmente a cientos de miles de empleados públicos interinos.
El origen del conflicto sobre los interinos
La cuestión llegó al TJUE después de que el Tribunal Supremo español planteara una nueva cuestión prejudicial para aclarar cómo deben aplicarse las anteriores sentencias europeas sobre el abuso de la temporalidad en el empleo público.
El Supremo preguntó si la interpretación de la normativa española es compatible con el derecho europeo, ya que en España el acceso a la función pública está condicionado por los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad.
Esto significa que convertir automáticamente a un trabajador interino en funcionario o personal fijo podría entrar en conflicto con esos principios constitucionales, algo que ahora deberá aclarar el tribunal europeo.
La postura del Abogado General de la Unión Europea
Antes de la sentencia definitiva, el Abogado General del TJUE ya emitió sus conclusiones el pasado mes de octubre.
En ellas señaló que la normativa europea no obliga necesariamente a convertir en fijos a los interinos. Sin embargo, también indicó que esa podría ser una solución válida si la legislación nacional no dispone de otra medida eficaz para sancionar el abuso de la temporalidad.
En otras palabras, si el sistema español no cuenta con mecanismos suficientes para reparar el abuso de contratos temporales, el tribunal europeo podría considerar que la conversión en fijo es una opción legítima.
Las indemnizaciones actuales podrían no ser suficientes
Otro de los aspectos que se analizan es si las medidas existentes en España sirven realmente para compensar a los trabajadores afectados.
Actualmente, la indemnización más elevada en el ámbito laboral por despido improcedente es de 33 días por año trabajado con un máximo de 24 mensualidades. Según las conclusiones del Abogado General, esta compensación podría no ser suficiente para reparar el daño causado por años de abusiva temporalidad.
Una sentencia que puede marcar el futuro de los interinos
La decisión del TJUE del próximo 14 de abril podría marcar un antes y un después para miles de trabajadores públicos.
El Tribunal Europeo deberá aclarar si la Administración española está obligada a adoptar medidas que realmente eviten el abuso de la temporalidad y sobre todo que compense adecuadamente a los interinos afectados.