El Gobierno invertirá al menos 298 millones de euros para fomentar la inclusión de los beneficiarios del IMV.
El Ingreso Mínimo Vital es la ayuda que gestiona la Seguridad Social y que el Gobierno puso en marcha para reducir el índice de pobreza en el país.
Una ayuda que pocos beneficiarios la están cobrando, en comparación con as expectativas iniciales del Gobierno de Pedro Sánchez. Ahora el Gobierno quiere poner en marchas nuevas medidas para ayudar a los beneficiarios a salir adelante y que no necesites de esta prestación para cubrir sus necesidades básicas.
En total el Gobierno prevé invertir 298 millones de euros de los fondos europeos para fomentar políticas que garanticen la transición de los beneficiarios del IMV desde una situación de exclusión a una situación de plena integración social y sobre todo laboral.
Así está reflejado en el Plan de Recuperación, Transformación y Residencia que el Gobierno ha enviado a bruselas. En este Plan enviado a Europa también se incluye la reforma laboral.
Según el calendario de implementación de las diferentes medidas que el Gobierno ha publicado, esta inversión, se llevará a cabo en 2022. El Ejecutivo firmará ocho convenios bilaterales de colaboración con agentes relevantes para la inclusión social, entre los que se incluirán administraciones públicas subnacionales y el Tercer Sector de Acción Social; y en el año 2023, otros diez convenios.
En 2024, el Gobierno publicará una evaluación para comprobar lo efectiva que ha sido esta medida, así como ver que puntos son los que se pueden mejorar para aumentar el nivel de solicitud y sobre todo para seguir mejorando la efectiva de las políticas de inclusión social.
Según se desprende del componente 23 del Plan, la inversión propuesta no implica ayudas de Estado, y se canalizará principalmente mediante convenio de colaboración con comunidades y ciudades autónomas, entidades locales y entidades del Tercer Sector de Acción Social.
En relación con el Sello de Inclusión social, se precisa que su concesión no implicará en ningún caso transferencias monetarias; y que los incentivos vinculados a este sello que puedan desarrollarse en un futuro respetarán, en todo caso, el régimen de ayudas de Estado.
En cuanto al colectivo objetivo de esta inversión, el documento precisa que son: las personas beneficiarias del ingreso mínimo vital; personas beneficiarias de las rentas mínimas autonómicas y otras personas en situación o riesgo de exclusión social.
El Gobierno precisa que estas personas se integran, en la mayoría de los casos, en uno o varios de los siguientes colectivos: infancia y juventud; mayores; personas con discapacidad; migrantes; mujeres víctimas de violencia de género; víctimas de discriminación; personas sin hogar; minorías étnicas; reclusos y exreclusos; personas con problemas de adicción; y otras personas en riesgo de exclusión social.
Fuente: La Moncloa
