El Gobierno aprieta el control sobre la facturación en España. El Consejo de Ministros ha aprobado la obligación de usar factura electrónica en todas las operaciones entre empresas y autónomos. Es decir, todos los profesionales deberán intercambiar facturas digitales, una medida que afectará a millones de negocios.
Aunque su implantación no será inmediata, ya que en el mejor de los casos los profesionales tendrán hasta dos años para implantarlo, todo dependerá de su facturación.
Obligatoria para todas las empresas y autónomos
La nueva norma impone la factura electrónica en las relaciones entre empresas y profesionales. Es decir, cualquier operación entre autónomos o sociedades deberá realizarse con este sistema digital.
Esto supone dejar atrás formatos habituales como el papel, el Excel o incluso muchos PDF, ya que las facturas deberán ser archivos digitales estructurados que permitan su tratamiento automático.
Hasta dos años de plazo para adaptarse
La implantación será progresiva y dependerá del volumen de facturación:
- Empresas que facturen más de 8 millones de euros: 1 año para adaptarse
- Pymes y autónomos con menos ingresos: hasta 2 años
El plazo empezará a contar cuando se apruebe la orden ministerial que regulará el sistema público, prevista antes de julio de 2026.
Hacienda sabrá si has cobrado o no
Uno de los cambios más importantes es que cada factura tendrá que informar de su estado:
- Si ha sido emitida
- Si ha sido aceptada o rechazada
- Cuándo se ha pagado
Esta información se comunicará a la Agencia Tributaria, lo que permitirá controlar los plazos de pago reales entre empresas.
Dos formas de cumplir con la nueva obligación
Las empresas y autónomos podrán elegir entre dos opciones:
- Usar programas privados de facturación, que deberán estar conectados con el sistema público
- Utilizar la plataforma gratuita que desarrollará Hacienda.
En ambos casos, los datos de las facturas se compartirán con la Administración.
El objetivo: reducir los retrasos en los pagos
Según el Gobierno esta medida busca atacar con uno de los grandes problemas de las pymes y es la morosidad. En España, los pagos entre empresa pueden superar los 80 días, por encima del límite letal de 60 días. Curiosamente, es la propia Administración la que más retraso en los pagos lleva con los autónomos en la que muchos consistorios sobrepasan el plazo fijado por la Ley 3/2004.
Con este sistema, cada factura quedará registrada, lo que permitirá detectar retrasos y mejorar la liquidez de los pequeños negocios.
Ahorro millonario para las empresas
El Gobierno calcula que la generalización de la factura electrónica podría generar ahorros de miles de millones de euros gracias a la automatización de procesos.
Actualmente, ya se ahorran unos 2.700 millones de euros al año, y la cifra podría superar los 8.000 millones si el sistema se extiende como en otros países.