El Ministerio de Trabajo quiere reordenar el actual sistema de protección para desempleados para mejorar su acceso.
La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz está preparando una nueva «revolución» en el actual sistema de protección para desempleados, que consistiría en incluir los subsidios por desempleo en el Ingreso Mínimo Vital (IMV).
Dicha propuesta está incluida en el Plan de Avance y Transformación del Servicio Público de Empleo estatal (SEPE), según ha informado el diario «La Información».
El Ministerio quiere quitarse de encima el alto coste que supone las prestaciones en estas ayudas que se pagan a los desempleados en situación de necesidad y con carencias de rentas que no tienen suficiente cotización para pedir la prestación por desempleo ordinaria (paro) o bien han agotado esta última y siguen sin encontrar un empleo.
Según los Presupuestos Generales del Estado de 2021, el coste de estos subsidios supone al SEPE unos 8.500 millones de euros.
Se busca facilitar el acceso a estas prestaciones y dar más cobertura.
Yolanda Díaz ya anunció durante el verano que su departamento trabaja en reformar el actual sistema de protección por desempleo para mejorar la gestión de las prestaciones en su fase asistencial, con cambios en el subsidio de desempleo, simplificando los trámites y facilitando el acceso para que puedan beneficiarse más personas.
Todo consistiría en reordenar todo el sistema de protección por desempleo, haciendo hincapié en el carácter contributivo, mejorando tanto la duración como la cuantía de las prestaciones contributivas y suprimiendo o limitando la protección de nivel asistencial.
Es decir, desde el Ministerio de Trabajo se busca reforzar la protección para aquellos trabajadores que si han cotizado para poder pedir el paro, y que las personas que se vean en situaciones de necesidad, aquellas que cobran los diferentes subsidios por desempleo queden protegidas por el IMV.
Actualmente España cuenta con hasta 7 tipos de subsidios, a los que hay que sumar los nuevos implantados como medidas urgentes provocadas por la pandemia del coronavirus. Tanta variedad implica una gran dificultad a la hora de la tramitación de las distintas prestaciones, además que tras la implantación del Ingreso Mínimo Vital, se producen conflictos competenciales.
Además esto rebajaría la actual carga de trabajo que tienen los empleados públicos del SEPE, una carga que han venido denunciando desde que apareció la pandemia del coronavirus y que ya han avisado al Gobierno de que si no lo solucionan pronto convocaran una huelga.
El SEPE amplía la atención por teléfono por la tarde ante el gran número de llamadas
