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El Gobierno da marcha atrás y eliminará la obligación de cotizar por los Becarios.

Si ha principio de años el Gobierno anunciaba que  las Universidades Españolas estarían  obligadas a dar de alta en la Seguridad Social a los becarios,  tras las últimas protestas, el Gobierno de España podría dar marcha atrás.

Con la aprobación del Real Decreto-Ley  28/2018 para la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo, el Gobierno obligaba tanto a las empresas y universidades  a dar de alta a los becarios en la Seguridad Social. a cotizar por las prácticas no remuneradas, es decir los becarios deberían ser dados de alta en la Seguridad Social.

Esta medida no fue bien acogida y las críticas por parte de las empresas no tardaron en llegar, ya que consideran que este incremento del coste, sumado a los que ya afrontan, hace inviable ofrecer prácticas para la formación de los jóvenes universitarios.

Además, la reforma realizada, no distingue entre prácticas curriculares (obligatorias) o voluntarias, ni entre becarios con remuneración o sin ella.

La Ministra de Educación, Isabel Celaá, ha recordado que la norma prevé la inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social, como asimilados a trabajadores por cuenta ajena, de las personas que realicen prácticas formativas en empresas, instituciones o entidades incluidas en programas de formación, la realización de prácticas no laborales en empresas y la realización de prácticas académicas externas aunque no tengan carácter remunerado.

Las prácticas comprenden las realizadas tanto por alumnos universitarios de titulaciones oficiales de grado y máster como por alumnos de Formación Profesional de Grado Medio o Superior.

Añadiendo que “el Gobierno no permitirá nunca que esta o cualquier otra medida pueda ir en detrimento del sistema educativo, de la prestación del servicio, de su calidad y de la máxima amplitud de posibilidades para prestarlo”.

Por consiguiente, ha dejado claro que, ante las protestas generadas por este Real Decreto-Ley, el Gobierno abrirá una negociación para la puesta en marcha consensuada de la medida con universidades, alumnos y otras instituciones, de la que deberá salir en los próximos 3 meses el reglamento para su aplicación.

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