Los Mossos d’Esquadra, en colaboración con la Inspección de Trabajo de la Generalitat, han arrestado al propietario de una empresa de limpieza y gestión de residuos de Malgrat de Mar (Barcelona) acusado de explotación laboral, falsedad documental y contratación irregular. El detenido, un hombre de 47 años y vecino de Blanes, imponía a sus empleados jornadas de hasta 90 horas semanales por un salario mensual de apenas 850 euros, un salario muy por debajo del SMl, aunque en los falsos contratos si estipulaba un salario legal.
Origen de la investigación
La investigación comenzó el 27 de junio, cuando la policía solicitó a la empresa el horario de un trabajador en el marco de otro caso. El propietario aseguró que el empleado había trabajado con normalidad y mostró su contrato, pero en realidad este se encontraba detenido. Esta contradicción destapó posibles irregularidades y llevó a coordinar un operativo con la Inspección de Trabajo el 24 de julio.
Origen de la investigación
La investigación comenzó el 27 de junio, cuando la policía solicitó a la empresa el horario de un trabajador en el marco de otro caso. El propietario aseguró que el empleado había trabajado con normalidad y mostró su contrato, pero en realidad este se encontraba detenido. Esta contradicción destapó posibles irregularidades y llevó a coordinar un operativo con la Inspección de Trabajo el 24 de julio.
Contratos falsos y documentación de terceros
Durante la inspección se descubrió que nueve empleados estaban en situación irregular en España. Algunos no tenían documentación, mientras que otros usaban copias de documentos pertenecientes a terceras personas. La empresa, para aparentar legalidad, pedía a los trabajadores que aportaran papeles de personas con residencia legal y así poder formalizar un contrato. En otros casos, directamente registraba contratos con datos ajenos.
Jornadas abusivas y vulneración de derechos
Los testimonios recogidos evidenciaron una explotación sistemática: salarios inferiores a los reflejados en contrato, ausencia de días de descanso obligatorios y jornadas laborales que alcanzaban las 90 horas semanales, casi 13 horas diarias sin librar fines de semana. Esta situación afectaba principalmente a personas en condición de vulnerabilidad por su estatus migratorio.
Represalias tras la inspección
Un día después de la intervención policial, la empresa despidió a casi una veintena de empleados con contratos irregulares. El 6 de agosto, el propietario fue detenido y acusado de delitos contra los derechos de los trabajadores y falsedad documental. Además, tres trabajadoras también fueron denunciadas por su implicación en los hechos.