La Policía ha detenido en Pego (Alicante) a un empresario hostelero por explotación laboral. El dueño del bar tenía a un joven argelino en situación irregular trabajando 16 horas al día por 300 euros al mes, 400 en temporada alta. Sin embargo, de su salario le descontaba 100 euros por alojamiento.
Según ha informado la «Cadena Ser», el joven no tenía contrato laboral y tampoco estaba dado de alta en la Seguridad Social. Es más, no solo trabajaba en el bar, también cuidaba a una persona de avanzada edad, que era familiar del empresario.
Ni salario mínimo, ni contrato y excediendo la jornada ordinaria
Según las investigaciones policiales, el joven tenía una jornada diaria de 16 horas semanales, siendo 50 horas a la semana en el establecimiento hostelero y el resto cuidando de una persona de avanzada edad, al que ayudaba con la limpieza de hogar y con el mantenimiento de un huerto que había en la propia vivienda.
Al parecer, el empresario conoció al joven en un curso formativo que impartía cuando el joven era menor de edad y aprovechó su situación de vulnerabilidad y el desconocimiento del idioma, así como de los derechos laborales de los trabajadores para ofrecerle un trabajo en pésimas condiciones.
Las condiciones laborales
Además de exceder la jornada máxima establecida en el Estatuto de los Trabajadores, su situación laboral incumplía otras normas como cobrar por debajo del salario mínimo interprofesional, que en 2023 es de 1.080 euros brutos en 14 pagas.
Además, sin entrar en detalles de la situación irregular del joven, no firmó ningún contrato de trabajo, ni fue comunicada su alta en la Seguridad Social.
Pero es que incluso, según la investigación policial, solo se le permitía alimentarse de las sobras de comida de los clientes del establecimiento, y durante su jornada laboral también habrá estado sometido a insultos, vejaciones y amenazas con devolverlo a su país de origen por estar en situación irregular.
La inspección del establecimiento se llevó a cabo con la colaboración de Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Alicante y la Unidad Contra Redes de Inmigración y falsedades documentales de Valencia (UCRIF). El detenido, con antecedentes policiales previos, ha pasado a disposición judicial.
