La actuación conjunta de la Policía Nacional y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha permitido desarticular en la provincia de Sevilla una organización criminal dedicada a la explotación laboral de trabajadores agrícolas. La operación se ha saldado con la liberación de ocho víctimas y la detención de 17 personas, incluidos los presuntos cabecillas del entramado.
Las víctimas, todas de nacionalidad rumana, eran captadas en su país de origen mediante anuncios en redes sociales que ofrecían falsas oportunidades de empleo en explotaciones agrícolas de la localidad sevillana de Cantillana. Una vez en España, las condiciones prometidas nunca se cumplían.
Captación mediante engaño y control permanente
La investigación policial se inició en noviembre de 2023, tras la información facilitada por la Policía de Rumanía, que alertó sobre la existencia de un clan familiar asentado en Cantillana dedicado a este tipo de delitos. Los contactos con las víctimas se realizaban por teléfono, donde se les garantizaban salarios elevados y buenas condiciones laborales que después no se respetaban.
El propio entramado se hacía cargo del gasto del viaje en autobús desde Rumanía hasta España, generando una deuda por el desplazamiento que los trabajadores debían devolver mediante su trabajo en distintas explotaciones agrícolas.
Jornadas interminables y viviendas infrahumanas
Una vez en territorio español, los jornaleros eran obligados a trabajar largas jornadas de lunes a domingo sin respetar la jornada máxima ni los descansos a los que tiene derecho todo trabajador, en muchos casos bajo condiciones climatológicas adversas. Además, no eran dados de alta en la Seguridad Social.
Los trabajadores eran alojados en viviendas ocupadas, en condiciones infrahumanas, y permanecían en todo momento bajo la vigilancia de sus tratantes. Esta situación impedía cualquier intento de abandonar el trabajo o denunciar los hechos.
Registros y antecedentes recientes
El operativo policial incluyó cuatro registros domiciliarios en Cantillana, donde se intervinieron 1.700 euros en efectivo, teléfonos móviles de alta gama y documentación relevante para la investigación.
Desde 2022, diversas operaciones han permitido la detención de más de un centenar de personas vinculadas a redes de trata con fines de explotación laboral en el sector agrícola en Andalucía.