La vivienda, el paro y la sanidad son algunos de los problemas que más preocupan a los españoles, pero para el economista Gonzalo Bernardos hay uno todavía mayor. Se trata del funcionamiento de la Administración Pública, al que acusa de ser demasiado lento, generar un exceso de burocracia y dificultar la solución de otros problemas que afectan directamente a los ciudadanos.
El economista ha lanzado esta crítica a través de su cuenta de X, donde ha reprochado a los partidos políticos que no presten suficiente atención a la mejora de los servicios administrativos. Sin embargo, sus palabras también han servido para defender a los funcionarios, a quienes considera víctimas de un sistema que, en muchas ocasiones, tampoco les permite desarrollar su trabajo con la agilidad necesaria.
Gonzalo Bernardos critica la lentitud de la Administración Pública
La reflexión de Bernardos comenzó el pasado 14 de noviembre, cuando publicó un mensaje en el que lamentaba que los partidos políticos no estuvieran dando suficiente importancia a lo que él considera el principal problema del país. «No he oído a ningún partido hablar de ofrecer una solución al primer problema del país», escribió.
El economista fue más allá y explicó que ese problema no está entre los asuntos que habitualmente ocupan el centro de las propuestas políticas. «No es la vivienda, ni el paro, ni la sanidad. Es el horrible funcionamiento de la Administración Pública», afirmó.
No he oído a ningún partido hablar de ofrecer una solución a 1º problema del país. No es la vivienda, ni el paro, ni la sanidad. Es el horrible funcionamiento de la Administración Pública. Es lenta, genera mucha burocracia y es un impedimento para resolver otros problemas (sigue)
— Gonzalo Bernardos (@GonBernardos) November 14, 2026
Su crítica se centra especialmente en la cantidad de trámites que deben realizar los ciudadanos y en el tiempo que necesitan los organismos públicos para resolverlos. Según Bernardos, la Administración «es lenta, genera mucha burocracia y es un impedimento para resolver otros problemas».
Esta situación puede apreciarse en gestiones habituales como solicitar una prestación por desempleo, pedir una ayuda pública o tramitar determinados permisos. Son procedimientos en los que una respuesta administrativa puede resultar decisiva para una persona que necesita ingresos, quiere poner en marcha un negocio o está esperando una autorización.
La vivienda es otro ejemplo de cómo los procedimientos administrativos pueden influir en la solución de un problema. La construcción de nuevos inmuebles requiere licencias, autorizaciones y decisiones de diferentes organismos, de manera que los retrasos en esos pasos pueden alargar los proyectos, aunque existan terrenos y financiación para llevarlos a cabo.
Bernardos defiende a los funcionarios y pide una Administración más moderna
Después de criticar el funcionamiento de los organismos públicos, Bernardos quiso aclarar que sus palabras no iban dirigidas contra los empleados que trabajan en ellos. De hecho, considera que buena parte de los funcionarios también sufren las consecuencias de una organización administrativa que necesita mejorar.
«La culpa no es de los funcionarios públicos, pues la mayoría de ellos son víctimas de sus características», escribió en una segunda publicación.
Con estas palabras, el economista separa la responsabilidad de los trabajadores de las dificultades que presenta el propio sistema. Los empleados públicos deben aplicar procedimientos, comprobar documentos y utilizar herramientas que no siempre dependen de ellos, por lo que mejorar la atención al ciudadano también exige revisar cómo se organiza su trabajo.
Bernardos resumió su postura asegurando que «un país moderno necesita una Administración moderna» y utilizó a Hacienda como ejemplo para cuestionar por qué otros departamentos no funcionan, a su juicio, con la misma eficacia.
«Si Hacienda es muy eficiente, ¿por qué los políticos no quieren que también lo sean los demás departamentos?», planteó el economista, que considera necesario extender esa agilidad al resto de servicios públicos.
Su valoración llega en un momento en el que los ciudadanos siguen teniendo que realizar numerosas gestiones con distintos organismos. La legislación española ya establece plazos para que las administraciones respondan a las solicitudes, aunque su duración depende del procedimiento.
En concreto, el artículo 21 de la Ley 39/2015 obliga a las administraciones a dictar y notificar una resolución expresa, con las excepciones previstas legalmente. Cuando un procedimiento no tiene establecido un plazo específico, la regla general es de tres meses.La crítica de Bernardos va precisamente dirigida a conseguir que los ciudadanos puedan realizar sus gestiones de forma más sencilla y que los organismos públicos sean capaces de resolverlas con mayor rapidez.

