Imagina tener dolor y dificultades para realizar tu trabajo y que la Seguridad Social te niegue la incapacidad permanente porque considera que podrías operarte para mejorarlo y que, por tanto, no has hecho todo lo posible para mejorar. Puede parecer surrealista, es como alguien que quiere comprarse un coche nuevo y le dicen que antes de comprarse un coche nuevo, mejor que lleve el coche al taller para ver si hay arreglo.
Precisamente esto es lo que ha vivido una empleada del hogar con síndrome del túnel carpiano severo en ambas manos, dolor y dificultades para agarrar objetos tuvo que acudir a los tribunales después de que la Seguridad Social le negara la incapacidad permanente. El razonamiento de la Seguridad Social fue que todavía podía someterse a una operación y que, por tanto, no había agotado todas las posibilidades de tratamiento.
Sin embargo, la trabajadora consiguió que la Justicia le reconociera una pensión al acreditar que sus lesiones eran crónicas y le impedían realizar las tareas fundamentales de su profesión. El caso llegó hasta el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, al rechazar el argumento de la Seguridad Social porque no había pruebas de que una intervención quirúrgica pudiera mejorar el estado de la mujer.
La Seguridad Social le negó la incapacidad porque consideraba que podía operarse
La trabajadora llevaba años sufriendo un síndrome del túnel carpiano bilateral severo, una enfermedad que afecta a los nervios de las muñecas y que puede provocar dolor, hormigueos y pérdida de fuerza en las manos. En su caso, los problemas afectaban a ambas extremidades y dificultaban actividades tan habituales como sujetar objetos o realizar esfuerzos con las manos.
Estas limitaciones suponían un problema para su trabajo como empleada del hogar, una profesión que exige utilizar constantemente las manos para limpiar, manipular utensilios y realizar otras tareas domésticas. En abril de 2023 fue examinada por los servicios médicos de evaluación de incapacidades y aunque el informe reconocía que padecía un síndrome del túnel carpiano severo en ambas manos, diagnosticado en 2015, señalaba que la mujer había rechazado una intervención quirúrgica y seguía un tratamiento conservador.
Los médicos consideraron que no se habían agotado las posibilidades de tratamiento y que las lesiones no justificaban el reconocimiento de una incapacidad permanente. Con ese informe, el INSS resolvió el 9 de junio de 2023 denegarle la prestación. La trabajadora presentó una reclamación para que se revisara la decisión, pero la Seguridad Social volvió a rechazarla el 9 de enero de 2024.
Tras recibir esta segunda negativa, decidió acudir a los tribunales para reclamar una incapacidad permanente total que le permitiera acceder a una pensión al no poder continuar desempeñando su profesión habitual.
Un informe médico confirmó que tenía graves lesiones en ambas manos
La trabajadora llevó su caso ante los tribunales para que estudiaran las enfermedades que padecía la empleada del hogar y, sobre todo, cómo afectaban a su capacidad para trabajar. Uno de los documentos que permitió conocer el alcance de sus problemas de salud fue un informe médico forense del 12 de marzo de 2025.
El reconocimiento confirmó que sufría un síndrome del túnel carpiano crónico y severo, acompañado de una neuropatía grave de los nervios medianos de ambas manos. También presentaba dolor, principalmente durante la noche, hormigueos en los tres primeros dedos y atrofia muscular en la zona de la base de los pulgares.
A estas dolencias se sumaban rizartrosis en ambas manos, osteoporosis en los fémures y la columna lumbar, además de problemas degenerativos de espalda. No obstante, el informe no apreciaba limitaciones funcionales derivadas de la dolencia lumbar. Las lesiones de las manos eran las que más afectaban a su capacidad laboral. La combinación del túnel carpiano, el daño en los nervios y la artrosis provocaba una dificultad manifiesta para agarrar objetos y hacer fuerza, dos capacidades necesarias para realizar buena parte de las tareas domésticas.
Con estas pruebas médicas, el Juzgado de lo Social número 27 de Barcelona estimó su demanda y le reconoció una incapacidad permanente total derivada de enfermedad común y estableció una pensión equivalente al 75% de una base reguladora de 374,61 euros mensuales, con efectos desde el 9 de junio de 2023, fecha en la que el INSS había rechazado inicialmente su solicitud.
Pero la Seguridad Social no aceptó la decisión y presentó un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña insistiendo en que las lesiones no podían considerarse permanentes porque la trabajadora no había querido someterse a una operación.
La Justicia rechaza el recurso del INSS y confirma la pensión
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en su sentencia 2987/2026 (STSJ CAT 4015/2026) ha confirmado la decisión del Juzgado de lo Social de Barcelona al considerar que las pruebas médicas acreditaban que sufría lesiones crónicas y severas que afectaban a la fuerza y la capacidad de agarre de ambas manos.
Es más, el tribunal señala que los informes médicos indicaban la trabajadora no era candidata a una intervención quirúrgica y que no existían pruebas de que una operación pudiera mejorar sus lesiones y permitirle recuperar la capacidad necesaria para trabajar.
Los magistrados también señalaron que el informe utilizado por el INSS en 2023 afirmaba que todavía quedaban tratamientos pendientes, pero no especificaba cuáles eran esas posibilidades terapéuticas. Frente a esa valoración, el informe forense posterior describía una enfermedad crónica y severa sin señalar una alternativa quirúrgica que pudiera mejorar su situación.
La Sala aplicó el artículo 193 de la Ley General de la Seguridad Social, que permite reconocer una incapacidad permanente cuando existen limitaciones graves y previsiblemente definitivas que reducen o anulan la capacidad para trabajar, aunque pueda existir una posibilidad de recuperación a largo plazo o sin garantías médicas.
También tuvo en cuenta que la incapacidad permanente total se reconoce cuando las lesiones impiden realizar todas o las tareas fundamentales de la profesión habitual, aunque la persona pueda dedicarse a un trabajo diferente. En este caso, las dificultades para utilizar ambas manos resultaban incompatibles con las exigencias propias del trabajo doméstico.
La valoración de las tareas habituales también fue decisiva en otro caso en el que el TSJ de Cataluña reconoció la incapacidad permanente a una empleada del hogar con artrosis y fibromialgia, cuyas limitaciones físicas le impedían realizar los esfuerzos que exigía su profesión.