El Gobierno de Países Bajos ha anunciado un plan para eliminar unos 25.000 puestos de trabajo en su Administración central durante los próximos diez años, una reducción que pretende llevar a cabo mediante el uso de inteligencia artificial, la simplificación de trámites y una reorganización de los servicios públicos. La medida afectaría a cerca del 16% de los puestos actuales y permitiría ahorrar hasta 3.500 millones de euros anuales a partir de 2035.
El anuncio lo realizó el pasado 26 de octubre Eric van der Burg, secretario de Estado para las Relaciones con el Reino y el Gobierno Eficaz, quien trasladó al Parlamento neerlandés la intención del Ejecutivo de reducir el tamaño de la Administración. Según explicó en el comunicado oficial publicado por el Gobierno, el país necesita revisar cómo funcionan sus organismos públicos, reducir gastos y aprovechar las nuevas tecnologías para realizar el trabajo con menos personal.
A finales de 2025, la Administración central neerlandesa había alcanzado aproximadamente los 160.000 puestos de trabajo a jornada completa, un 41% más que en 2018. Ahora, el Gobierno quiere invertir esa tendencia con un ajuste que comenzará a reflejarse en los presupuestos de 2027 y que se extenderá hasta mediados de la próxima década.
El Gobierno quiere reducir casi uno de cada seis puestos públicos y utilizar la IA para trabajar con menos personal
El plan fija un primer objetivo de ahorro de 900 millones de euros en 2027, una cantidad que aumentará progresivamente hasta los 3.500 millones de euros anuales desde 2035. Para alcanzar esas cifras, el Gobierno calcula que necesitará alrededor de 25.000 puestos equivalentes a jornada completa menos, aunque todavía tiene que determinar cómo se distribuirá esa reducción entre los distintos ministerios y organismos.
Van der Burg ha defendido la necesidad de tomar decisiones difíciles para conseguir una Administración más sencilla, eficiente y pequeña. El secretario de Estado considera que el Gobierno no puede seguir trabajando de la misma manera y que, además de mejorar los procedimientos, tendrá que revisar qué servicios mantiene y cuáles puede reducir o dejar de prestar.
La inteligencia artificial será una de las herramientas utilizadas para reducir la necesidad de personal. El Gobierno quiere aprovechar esta tecnología para aumentar la productividad de los empleados públicos, automatizar tareas y disminuir el recurso a servicios externos. Los objetivos concretos y los planes de ahorro relacionados con su implantación se presentarán durante el primer trimestre de 2027.
El anuncio se produce cuando empresas y administraciones empiezan a estudiar cómo realizar determinadas tareas con menos trabajadores. Un análisis publicado por Anthropic, la compañía responsable de Claude, ya había planteado un escenario en el que la inteligencia artificial podría reducir más de un 20% los empleos de oficina y afectar a sus salarios. Se trata de una simulación sobre posibles efectos futuros, pero el caso neerlandés muestra cómo un Gobierno ha empezado a incorporar esta tecnología a un plan concreto de reducción de su plantilla.
Algunos organismos podrían perder hasta el 60% de su plantilla
La reducción de personal no afectará de la misma manera a toda la Administración y según la información difundida sobre la carta enviada al Parlamento, algunos departamentos podrían afrontar recortes de plantilla de entre el 45% y el 60%, aunque el reparto definitivo todavía está pendiente. Los ministerios, las inspecciones y los organismos encargados de gestionar servicios públicos figuran entre las áreas que tendrán que revisar su funcionamiento.
Por el momento, el Gobierno ha dejado fuera del ajuste general a la policía y al sector de Defensa (lógicamente). En cambio, otros organismos que atienden directamente a los ciudadanos, como los servicios de prestaciones laborales, inmigración o la Administración tributaria, no cuentan con una exclusión similar. El Gobierno tendrá que decidir durante los próximos meses qué tareas pueden realizarse con menos empleados y cuáles necesitan mantener sus recursos actuales.
La reducción también podría realizarse de manera progresiva a medida que queden puestos vacantes. Van der Burg ha señalado que no pretende establecer una congelación general de las contrataciones, sino revisar si resulta necesario cubrir cada plaza que quede libre. El Gobierno todavía no ha detallado cuántos trabajadores podrían perder su empleo ni qué parte del ajuste se llevará a cabo mediante jubilaciones, vacantes sin cubrir o cambios en la organización.
Menos oficinas, escritorios compartidos y reducción de trámites
Junto al recorte de personal, Países Bajos quiere disminuir los gastos de funcionamiento de sus organismos públicos. Una de las medidas previstas es establecer un puesto de trabajo físico por cada dos empleados, aprovechando que no todos acuden a la oficina al mismo tiempo. También se venderán o dejarán de utilizar los edificios que resulten innecesarios, mientras que los ministerios compartirán más servicios y utilizarán sistemas informáticos comunes.
El Gobierno también quiere reducir el número de órganos consultivos, ya que actualmente existen 28 consejos asesores permanentes y alrededor de 150 comisiones de asesoramiento, además de unas 400 evaluaciones anuales de políticas públicas. La intención es disminuir estas estructuras y evitar que distintos organismos realicen trabajos similares.
El Gobierno también quiere reducir la burocracia y simplificar los trámites administrativos, con el objetivo de eliminar o modificar al menos 500 regulaciones cada año. La intención es facilitar las gestiones de ciudadanos y empresas, reducir el papeleo y evitar que los empleados públicos dediquen tiempo a procedimientos innecesarios.
La apuesta por automatizar el trabajo administrativo también tiene ejemplos en España, aunque con objetivos diferentes. El SEPE ha recurrido a un contrato de más de cinco millones de euros para mejorar la gestión de las prestaciones por desempleo e incorporar herramientas de automatización e inteligencia artificial. En este caso, el organismo español justificó la contratación por la falta de personal y medios técnicos suficientes para asumir esos trabajos.
En España también se ha abierto la discusión sobre las consecuencias que puede tener la sustitución de trabajadores por sistemas automatizados. Entre las propuestas planteadas figura que las empresas que reduzcan sus plantillas gracias a la inteligencia artificial contribuyan a compensar la pérdida de cotizaciones a la Seguridad Social, una iniciativa defendida por UGT ante el avance de estas tecnologías.