El elevado precio de la vivienda en Baleares está empujando a los funcionarios de la Seguridad Social a abandonar las islas y buscar destino en la Península. El último concurso de traslados ha provocado la salida de 32 empleados públicos y ha elevado a 149 el número de plazas vacantes, una falta de personal que ya está afectando a la atención de los ciudadanos. En uno de los principales centros de Palma apenas quedan 11 trabajadores para una plantilla prevista de 40.
La situación ha sido denunciada por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), que alerta del deterioro de los servicios públicos ante la dificultad para mantener las plantillas. Según el sindicato, los salarios que reciben los empleados públicos no permiten afrontar con garantías el coste de vivir en Baleares, especialmente por el precio de los alquileres. La marcha de trabajadores está provocando retrasos en la tramitación de pensiones y prestaciones, mientras algunas oficinas se han quedado sin funcionarios propios.
La Seguridad Social pierde 32 funcionarios y un centro de Palma se queda con el 27,5% de su plantilla
El último concurso de traslados ha agravado los problemas de personal que arrastraba el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). De los 32 funcionarios que han conseguido destino en la Península, 12 pertenecen a la Dirección Provincial de Palma y otros 10 al CAISS 1, uno de los principales centros de atención de la capital balear.
Las salidas dejan a este último centro con solo 11 funcionarios para cubrir una plantilla prevista de 40 puestos, lo que supone disponer de apenas el 27,5% de los efectivos necesarios para completar su dotación. CSIF advierte de que los trabajadores que permanecen en las oficinas están intentando mantener la atención y sacar adelante los expedientes, aunque la falta de personal ya se está notando en las gestiones diarias.
Los retrasos afectan, según la denuncia sindical, a la tramitación de pensiones, prestaciones y citas. Además, algunos funcionarios han permanecido temporalmente en sus puestos pese a tener concedido el traslado, por lo que las demoras podrían aumentar durante los próximos meses cuando se hagan efectivas todas las salidas.
La falta de trabajadores ha llevado incluso a estudiar una reorganización de las oficinas. Según CSIF, dentro del organismo se está valorando retirar personal de Calvià y Llucmajor para reforzar los servicios de Palma. Esta medida reduciría la atención disponible en ambas localidades y podría obligar a sus vecinos a desplazarse hasta la capital para realizar trámites que actualmente tienen más cerca de casa.
Oficinas sin funcionarios en Ibiza, Mahón y Alcúdia
La pérdida de empleados públicos también está afectando al Instituto Social de la Marina (ISM), encargado de atender a trabajadores y pensionistas del sector marítimo-pesquero. La situación es especialmente grave en las oficinas de Ibiza, Mahón y Alcúdia, donde todas las plazas han quedado vacantes tras el último concurso de traslados, según los datos difundidos por CSIF.
La ausencia de personal propio impide mantener con normalidad la atención presencial y compromete la gestión de los trámites que necesitan realizar los trabajadores del mar y sus pensionistas. El sindicato denuncia que estas dependencias se han quedado sin funcionarios para prestar el servicio ordinario, una situación que agrava las dificultades de acceso a la Administración fuera de Palma.
En la Tesorería General de la Seguridad Social, la última convocatoria de traslados no ha supuesto una reducción neta de empleados, pero las plantillas tampoco han conseguido recuperarse. CSIF señala que las jubilaciones de los últimos años no se están compensando con nuevas incorporaciones, lo que mantiene los problemas de personal en distintas oficinas del archipiélago.
El coste de la vivienda obliga a los funcionarios a buscar destino fuera de Baleares
La marcha de trabajadores responde a un problema que, según CSIF, lleva años afectando a la Administración General del Estado en las islas. El encarecimiento de la vivienda ha hecho que muchos empleados públicos tengan dificultades para establecerse en Baleares con los salarios que reciben, especialmente cuando deben asumir el alquiler de una vivienda.
La delegada sindical de CSIF en Baleares, María Fernández, ha advertido de que «es insostenible el poder sobrevivir aquí» con las condiciones económicas actuales. El sindicato señala que el complemento de insularidad que reciben los funcionarios resulta insuficiente para compensar el coste de vivir en las islas, lo que está llevando a muchos trabajadores a solicitar traslados a la Península.
Esta situación también dificulta cubrir las plazas que quedan libres y tal y como denuncia CSIF, algunos empleados públicos renuncian a ocupar destinos en Baleares ante los gastos que supone instalarse en el archipiélago, mientras otros aprovechan los concursos de traslados para marcharse después de haber trabajado durante años en las islas.
Ante la pérdida continuada de funcionarios, el sindicato reclama actualizar de forma urgente el complemento de insularidad y abrir bolsas de personal interino para cubrir las 149 vacantes. También pide mejorar las condiciones de los puestos de trabajo para evitar que sigan marchándose empleados públicos y facilitar la llegada de nuevos profesionales.
La falta de personal amenaza con seguir afectando a los ciudadanos que necesitan acudir a las oficinas de la Seguridad Social para gestionar sus prestaciones. CSIF advierte de que, si no se recuperan las plantillas, los retrasos podrían aumentar y algunas localidades podrían perder parte de la atención presencial que reciben actualmente.