Una antigua moderadora de contenidos de Facebook que pasó casi tres años revisando vídeos e imágenes de extrema violencia en Barcelona falleció por suicidio el 4 de octubre en Lyon (Francia). La mujer, de 34 años, había sufrido graves problemas de salud mental durante su etapa laboral y llegó a comunicar a sus superiores el deterioro que estaba experimentando. Su familia prepara ahora acciones legales contra Meta y Telus International, la empresa que la contrató, y estudia reclamar una indemnización de entre 200.000 y 500.000 euros.
La trabajadora, identificada como Inés Mendoza, comenzó a presentar síntomas de estrés postraumático en 2023, cuando todavía acudía a las oficinas de la Torre Glòries de Barcelona. Ese mismo año sufrió un intento de suicidio y necesitó una baja médica. Según ha explicado Roberto Castro, abogado que representa a la familia, el despacho dispone de correos electrónicos en los que la joven advertía a sus responsables de los problemas psicológicos que estaba sufriendo por su trabajo.
Tres años revisando vídeos violentos y una baja por estrés postraumático
Inés comenzó a trabajar en 2022 para Telus International, la empresa subcontratada por Meta para moderar las publicaciones de Facebook e Instagram. Su labor consistía en revisar los contenidos que los usuarios denunciaban o que los sistemas de las plataformas detectaban como potencialmente peligrosos, una tarea que la obligaba a visualizar de forma continuada imágenes de violencia extrema, abusos sexuales, autolesiones y suicidios.
Con el paso de los meses, la exposición a ese material comenzó a afectar a su salud mental, según el relato que trasladó a sus abogados. En 2023 aparecieron los síntomas de estrés postraumático y tuvo que solicitar una baja médica. Durante aquel periodo también sufrió un intento de suicidio, mientras seguía vinculada laboralmente a la compañía. Los correos electrónicos que conserva su representación legal forman parte de los antecedentes con los que la familia pretende acreditar que la empresa conocía su situación.
La gravedad de sus problemas psicológicos llevó a que, según la información conocida sobre el caso, la mutua le recomendara abandonar la empresa. Finalmente, en febrero de 2025, la trabajadora pactó su salida de Telus, aunque posteriormente explicó a sus abogados que había firmado el acuerdo en un momento de gran vulnerabilidad. Entre las condiciones que habría aceptado figuraban atribuir su marcha a problemas de rendimiento y renunciar a futuras acciones legales contra la compañía.
Después de abandonar su empleo, Inés regresó a Francia, pero su familia asegura que continuó sufriendo las consecuencias psicológicas que atribuía a los años dedicados a revisar contenidos violentos. Su fallecimiento se produjo el 4 de octubre en Lyon, adonde había viajado para encontrarse con unos amigos. Los familiares quieren ahora que se examine tanto lo ocurrido durante su etapa laboral como la respuesta que recibió cuando comunicó sus problemas de salud.
La familia reclama hasta 500.000 euros a Meta y Telus
Tras la muerte de la joven, sus familiares han decidido preparar una reclamación contra Meta y Telus International por los daños psicológicos que atribuyen a las condiciones en las que desarrollaba su trabajo. El abogado Roberto Castro ha explicado que la intención inicial es solicitar entre 200.000 y 500.000 euros de indemnización, aunque también estudian acudir a la vía penal si encuentran motivos para exigir responsabilidades por esa vía.
Uno de los aspectos que quieren que se investiguen es la actuación de las empresas después de conocer el deterioro de la salud mental de la trabajadora. Para ello, sus abogados cuentan con las comunicaciones que Inés habría enviado a sus responsables, además de los antecedentes médicos y la documentación relacionada con su salida de Telus. La familia considera que esos elementos pueden ayudar a determinar si se adoptaron medidas suficientes para protegerla.
La reclamación llega cuando cientos de antiguos compañeros de la joven ya habían acudido a los tribunales por los daños psicológicos que atribuyen a su trabajo. Cerca de 700 exmoderadores de Facebook e Instagram reclaman indemnizaciones de 100.000 euros por persona después de pasar años revisando contenidos violentos. Inés había iniciado los trámites para incorporarse a esta demanda colectiva antes de su fallecimiento.
Los problemas de salud mental entre estos trabajadores ya habían llegado a los juzgados años antes. En enero de 2024, el Juzgado de lo Social número 28 de Barcelona reconoció como accidente laboral la baja por estrés de un moderador de contenidos extremos que tenía que revisar vídeos relacionados con terrorismo, suicidios, autolesiones y otros actos violentos. La empresa defendía que se trataba de una enfermedad común, pero el juzgado relacionó los problemas de salud del empleado con las tareas que realizaba.
El estrés postraumático también ha dado lugar a reclamaciones de otros trabajadores dedicados a esta actividad, como refleja el caso de un moderador que acudió a la justicia para que su baja por estrés postraumático fuera reconocida como accidente laboral. Estos antecedentes muestran que las consecuencias psicológicas de revisar contenidos violentos ya habían sido examinadas por los tribunales antes del fallecimiento de Inés.
Además, un juzgado de Barcelona investiga una querella por presuntos delitos contra los derechos de los trabajadores, lesiones por imprudencia grave y contra la integridad moral. Los denunciantes aseguran que las medidas de prevención de riesgos psicosociales eran insuficientes para una actividad que les obligaba a examinar diariamente contenidos especialmente violentos.
La Ley de Prevención de Riesgos Laborales obliga a las empresas a evaluar los riesgos que pueden afectar a la salud de sus empleados y adoptar medidas para reducirlos, incluidos los de carácter psicológico. En el caso de Inés, las comunicaciones enviadas a sus responsables, los antecedentes médicos y las condiciones en las que terminó su relación laboral forman parte de la documentación que sus familiares quieren aportar para exigir responsabilidades.
El servicio de moderación de contenidos que Telus prestaba para Meta en Barcelona terminó en abril de 2025, con la salida de cerca de 2.000 trabajadores. Las reclamaciones de los antiguos empleados han continuado desde entonces y ahora se suma la que prepara la familia de Inés, que busca esclarecer qué ocurrió durante los años en los que trabajó revisando contenidos violentos y si las empresas cumplieron con sus obligaciones de proteger su salud.