El 31 de agosto ha dejado dos escenarios muy diferentes entre los funcionarios interinos contratados por la Administración para trabajar con los fondos europeos. Cientos han tenido que abandonar sus puestos en ministerios y organismos públicos, mientras que los más de 100 afectados en el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) han logrado continuar temporalmente.
Aunque estos trabajadores también tenían previsto ser cesados el 31 de agosto por orden de Función Pública, el SEPE había pedido mantenerlos porque todavía quedan trabajos relacionados con el cierre de los fondos europeos. Finalmente, la continuidad de alrededor de un centenar de interinos está confirmada temporalmente hasta finales de septiembre, lo que aplaza una salida que hace apenas unos días se daba por hecha.
El desenlace cambia así la situación conocida la semana pasada, cuando el cese alcanzaba también al personal del SEPE. Mientras la salida de trabajadores se ha materializado con carácter general en la Administración, el organismo mantiene por ahora a estos empleados para continuar con labores de seguimiento, control y cierre de los fondos europeos.
Los más de 100 interinos del SEPE seguirán trabajando durante septiembre
Hace apenas una semana, Función Pública había ordenado inicialmente el cese de más de 100 interinos del SEPE con efectos del 31 de agosto, después de consultar a la Abogacía del Estado sobre qué debía ocurrir con los funcionarios nombrados específicamente para trabajar en programas vinculados al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
La respuesta de la Abogacía del Estado llegó el 20 de agosto y establecía, según las fuentes conocedoras de su contenido, que al finalizar el periodo de ejecución de los fondos europeos los interinos contratados específicamente para estos programas debían cesar el 31 de agosto. Función Pública trasladó ese criterio un día después a los responsables de personal de los ministerios y organismos afectados, que comenzaron a informar a los trabajadores con apenas diez días de margen en algunos casos.
En el SEPE, la orden alcanzaba a más de un centenar de funcionarios interinos independientemente del momento en el que hubieran sido incorporados. El organismo pidió mantenerlos porque parte de las tareas para las que fueron contratados continúa después del cierre de la fase de ejecución y, finalmente, alrededor de cien seguirán en sus puestos durante septiembre. La información disponible hasta ahora no permite afirmar que esa prórroga vaya a extenderse automáticamente hasta final de año.
Cientos de interinos sí han tenido que dejar sus puestos
Mientras el SEPE ha conseguido mantener temporalmente a buena parte de sus trabajadores afectados, los ceses se han producido con carácter general en distintos ministerios y organismos de la Administración General del Estado. No existe todavía una cifra oficial cerrada que permita conocer exactamente cuántas personas han dejado sus puestos, ya que las estimaciones disponibles presentan una diferencia considerable.
Las fuentes de la Administración sitúan el número en torno a 300 funcionarios interinos, mientras que las estimaciones sindicales elevan la cifra hasta cerca de 1.000 trabajadores. Esta diferencia hace que, por ahora, resulte más preciso hablar de cientos de afectados que atribuir al proceso una cifra definitiva.
Para muchos de estos empleados, además, la salida se ha producido antes de lo que esperaban porque algunos aseguran que sus nombramientos recogían plazos que podían extenderse hasta octubre de 2027. Otros habían sido incorporados por periodos de tres años y esperaban continuar durante la fase posterior de control, seguimiento y auditoría de los fondos europeos.
Además de las dudas sobre la duración de algunos nombramientos, la salida plantea un problema práctico para los equipos que permanecen en la Administración. Parte de los interinos cesados ha trabajado durante los últimos años directamente con expedientes, pagos y documentación que todavía puede necesitarse durante las comprobaciones posteriores, por lo que trabajos abiertos y expedientes gestionados por ellos tendrán que ser asumidos ahora por otros empleados públicos, lo que se traduce en un aumento de la carga de trabajo para ellos.
El 31 de agosto acaba la ejecución de los fondos, pero no todo el trabajo
La fecha que ha provocado estos ceses está marcada por el propio calendario del Plan de Recuperación, ya que la Adenda de Cierre publicada en el BOE fija el 31 de agosto de 2026 como límite del periodo de ejecución y para el cumplimiento de los hitos y objetivos previstos dentro del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
Alcanzar esa fecha no significa, sin embargo, que desde este 1 de septiembre desaparezcan todos los trabajos relacionados con los fondos europeos. Las administraciones todavía tienen que afrontar labores de seguimiento, comprobación y auditoría sobre proyectos ya ejecutados y, además, las solicitudes finales de pago y las pruebas necesarias para su evaluación pueden presentarse hasta el 30 de septiembre de 2026.
La existencia de esas tareas posteriores explica que Función Pública haya permitido mantener a aquellos interinos cuya presencia sea necesaria para realizar trabajos de seguimiento y control, siempre que cada departamento justifique la prórroga. En esos casos, la permanencia puede prolongarse como máximo hasta el 31 de diciembre de 2026, aunque esa fecha actúa como límite y no supone una extensión automática para todos los trabajadores.
En el caso concreto del SEPE, la continuidad conocida por ahora alcanza hasta finales de septiembre. La prórroga permite que los trabajadores que ya conocen los expedientes puedan seguir durante esta fase de cierre, pero no garantiza que permanezcan en el organismo durante los meses posteriores.
Qué puede pasar ahora con los trabajadores que han sido cesados
La salida de cientos de interinos llega además en un momento en el que las administraciones siguen intentando reducir las situaciones de temporalidad prolongada. Función Pública calcula que casi 200.000 empleados públicos temporales llevan más de tres años en esta situación, un problema diferente al de estos ceses pero que ayuda a entender por qué la duración de los nombramientos vuelve a estar en el centro del debate.
Que algunos de los trabajadores afectados aseguren que sus nombramientos podían mantenerse hasta 2027 no significa por sí solo que exista una situación irregular. El tiempo que lleva una persona como interina no es el único elemento que se analiza para determinar si existe abuso de temporalidad, ya que también deben tenerse en cuenta las circunstancias del nombramiento y la razón por la que se ha mantenido esa relación temporal.
Ante las dudas que pueden plantear algunos de estos ceses, los representantes de los trabajadores han recomendado a los afectados conservar tanto el correo con el que fueron informados como el documento registral que formaliza su salida. Este último es el que materializa administrativamente el cese y permitirá estudiar cada situación de forma individual.
Para los más de 100 interinos del SEPE, en cambio, la fecha que inicialmente debía poner fin a su trabajo ha pasado sin que tengan que abandonar todavía sus puestos. Seguirán trabajando durante septiembre mientras el organismo completa las tareas pendientes relacionadas con unos fondos europeos cuya fase de ejecución terminó oficialmente el 31 de agosto.