La regularización extraordinaria de inmigrantes impulsada por el Gobierno ha abierto una nueva vía para incorporar trabajadores al mercado laboral, pero también ha encendido las alarmas entre las empresas. La patronal advierte de un problema que puede acabar en sanciones para los empleadores.
La nueva normativa permite que las personas que soliciten la regularización puedan empezar a trabajar desde el primer día gracias a una habilitación provisional, sin necesidad de esperar a la resolución definitiva de su expediente. El objetivo es agilizar los trámites y facilitar la incorporación de miles de trabajadores a sectores que arrastran problemas de falta de mano de obra.
El problema aparece cuando esa solicitud es finalmente denegada y provocando que una compañía pueda mantener contratado a un trabajador que ya ha perdido el permiso para trabajar sin llegar siquiera a saberlo y terminar siendo sancionado tras una Inspección de Trabajo.
Según el procedimiento previsto, la comunicación de la resolución negativa llega únicamente al interesado. Es decir, es el propio trabajador quien debe informar a la empresa de que ha perdido la autorización para trabajar y que, por tanto, debe ser dado de baja.
Las empresas no tienen forma de comprobar si el permiso sigue vigente
La preocupación de los empresarios se centra precisamente en ese punto. Actualmente, no existe un mecanismo que permita a las compañías conocer si la autorización provisional ha sido revocada. Si el trabajador no comunica la denegación y continúa prestando servicios, la empresa podría encontrarse en una situación irregular y exponerse a posibles sanciones administrativas.
Desde la CEOE consideran que este diseño normativo genera una evidente inseguridad jurídica. La patronal sostiene que se está trasladando a las empresas una obligación de control que resulta imposible de asumir porque carecen de acceso a la información necesaria para verificar el estado de las autorizaciones.
En el caso de que en una empresa esté trabajando un empleado/a extranjero no comunitario sin papeles puede llegar a multas que van desde los 10.001 € a los 100.000 € por trabajador según la Ley Orgánica 4/2000.
La patronal reclama un sistema de comunicación automático
Ante esta situación, los empresarios han trasladado al Gobierno la necesidad de establecer un sistema de coordinación entre la Administración de Extranjería y la Tesorería General de la Seguridad Social. El objetivo es que las empresas reciban una comunicación inmediata y fehaciente cada vez que se produzca una denegación.
La petición llega en un momento en el que el tejido empresarial mantiene su apoyo al proceso de regularización. Sectores como la construcción, la hostelería, el transporte, la dependencia o la limpieza siguen teniendo dificultades para cubrir miles de vacantes y ven en la incorporación de trabajadores regularizados una oportunidad para aliviar la escasez de mano de obra.
Sin embargo, las organizaciones empresariales insisten en que la regularización debe realizarse con garantías para todas las partes. Su principal temor es que un problema de comunicación termine convirtiéndose en multas para empresas que, sencillamente, desconocían que uno de sus empleados ya había perdido el derecho a trabajar en España.