Un empresario deberá hacer frente a una sanción de 65.923,50 euros después de que la Audiencia Provincial de Bilbao lo condenara por contratar de forma reiterada a trabajadores extranjeros sin permiso de trabajo y mantenerlos empleados sin cumplir las obligaciones legales exigidas en España.
La resolución judicial considera probado que durante varios años la empresa, dedicada a la elaboración de encurtidos y gildas, así como a trabajos agrícolas en invernaderos, recurrió a personas en situación irregular para desarrollar distintas tareas en sus instalaciones sin ser dadas de alta en la Seguridad Social.
La investigación se inició tras varias actuaciones de la Policía Nacional y la Inspección de Trabajo, que detectaron a numerosos trabajadores extranjeros sin autorización para trabajar en España. Según recoge la sentencia, algunos de ellos llegaron a esconderse en baños, montacargas, cuartos frigoríficos e incluso congeladores cuando se producían inspecciones para evitar ser identificados.
En el procedimiento también estaba acusada la hija del propietario de la empresa. Sin embargo, la Audiencia concluye que no ha quedado acreditada su participación en la contratación de trabajadores en situación irregular ni en la gestión efectiva de la actividad investigada, por lo que ha sido absuelta de todos los cargos.
Trabajadores escondidos en congeladores para evitar ser descubiertos
Varios de los trabajadores que declararon durante el procedimiento explicaron que recibían instrucciones para ocultarse cuando llegaban inspectores de Trabajo o agentes policiales.
Según recoge la sentencia 141/2026 (SAP BI 458/2026), algunos empleados llegaron a esconderse en baños, montacargas, cuartos fríos e incluso congeladores para evitar ser identificados. Los testimonios incorporados al procedimiento señalan que estas indicaciones eran conocidas por quienes trabajaban sin autorización para trabajar en España.
La Audiencia considera acreditado que estas prácticas se produjeron mientras la empresa mantenía contratados a numerosos trabajadores extranjeros que carecían de permiso de trabajo y que tampoco estaban dados de alta en la Seguridad Social.
Dos inspecciones destaparon las irregularidades
La investigación comenzó a raíz de varias actuaciones realizadas conjuntamente por la Policía Nacional y la Inspección de Trabajo.
Durante una primera inspección llevada a cabo en diciembre de 2020 fueron localizados varios trabajadores en situación irregular. Pese a ello, la actividad continuó y parte de la plantilla pasó posteriormente a trabajar en horario nocturno.
Meses después, una segunda inspección volvió a detectar trabajadores sin permiso de trabajo en las instalaciones de la empresa. Algunos de ellos ya habían sido identificados anteriormente por los inspectores.
La sentencia destaca además que varios empleados aseguraron haber seguido trabajando después de la primera actuación inspectora, pese a que la empresa ya conocía las irregularidades detectadas.
Una condena económica que supera los 65.000 euros
La actuación acabó derivando en una importante condena económica para el empresario. La cantidad total que deberá afrontar asciende a 65.923,50 euros entre sanciones, multas e indemnizaciones.
Por un lado, la Audiencia Provincial de Bilbao le impuso una multa penal de 18.000 euros por un delito contra los derechos de los trabajadores. Además, deberá indemnizar con 7.500 euros a tres trabajadores por los daños morales sufridos.
A estas cantidades se suma una sanción administrativa de 40.423,50 euros que la Inspección de Trabajo ya había impuesto a la empresa tras detectar la contratación de trabajadores extranjeros sin permiso de trabajo durante las actuaciones inspectoras.