Tras aparcar las negociaciones entre sindicatos y Gobierno para la oferta de empleo público de 2026 hasta zanjar el asunto de la jornada de 35 horas, las partes implicadas se han vuelto a reunir, aunque la reunión no ha sido como esperaban los sindicatos.
Los principales sindicatos de la Administración, CCOO, UGT y CSIF, han rechazado la propuesta del Gobierno, pero no porque la vean insuficiente, sino porque no incluye el número de plazas.
El Ministerio de Función Pública no ha facilitado cifras concretas. Esto ha provocado el rechazo conjunto de las organizaciones sindicales, que consideran imposible negociar sin datos.
El plantón es total. CCOO, UGT y CSIF coinciden en que el Ejecutivo les pide avalar una oferta sin saber su alcance real. Es decir, aceptar a ciegas cuántos empleos públicos se crearán en un momento en el que la falta de personal ya es evidente en muchos servicios.
Un problema que va más allá de la negociación
La falta de cifras no es solo una cuestión técnica. Tiene consecuencias directas. La Administración arrastra desde hace años un déficit de plantilla que se ha agravado con las jubilaciones y el aumento de la carga de trabajo.
Oficinas como las de la Seguridad Social, el SEPE o Extranjería trabajan bajo presión. En algunos casos, además, se enfrentan a procesos extraordinarios como la regularización de migrantes, que requiere más personal del habitual.
Por eso, los sindicatos insisten en que no basta con anunciar una oferta. Necesitan saber si realmente servirá para reforzar estos servicios o si, como temen, se quedará corta.
Más de 9.000 plazas pendientes mientras se negocia otra oferta
El malestar sindical no se entiende sin mirar lo que ya está pasando dentro de la Administración. A día de hoy, miles de plazas siguen sin convocarse. Solo en personal laboral, superan las 9.000 correspondientes a ofertas de años anteriores.
Pero el problema va más allá del retraso. Muchas de esas plazas están ocupadas por trabajadores interinos desde hace años, encadenando contratos temporales sin que se convoquen procesos definitivos.
Este escenario ha vuelto al centro del debate tras la reciente decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del 14 de abril, que cuestiona el abuso de la temporalidad en el sector público español y exige a España que tome medidas al respecto, como aumentar la sanción por este abuso de la temporalidad o incluso hacer fijos a los interinos que han sufrido este abuso.
En este contexto, los sindicatos ven incoherente negociar una nueva oferta de empleo público sin haber resuelto antes la situación de miles de plazas ya existentes, muchas de ellas cubiertas de forma provisional.
El Gobierno se ha comprometido a convocar las ofertas de 2023 y 2024 en un plazo de dos meses, pero las organizaciones insisten en que no es un avance, sino una obligación para evitar que esas plazas caduquen y se pierdan definitivamente.