El Gobierno ha aprobado un nuevo paquete de medidas para hacer frente a la crisis derivada de la guerra en Oriente Próximo, con iniciativas que van desde rebajas de impuestos como la rebaja del IVA de la electricidad que pasará del 21% al 10%. También se reducirá en la misma proporción el IVA del combustible.
Ahora bien, desde el Ministerio de Trabajo se ha lanzado el aviso de que las empresas que reciban ayudas relacionadas con los efectos económicos de la guerra tendrán prohibido despedir, una condición que busca evitar ajustes de plantilla mientras se reciben fondos públicos
El Ejecutivo recupera así un modelo ya aplicado en crisis anteriores, como la pandemia o la guerra de Ucrania, con el objetivo de proteger el empleo en momentos de incertidumbre económica.
Prohibido despedir si hay ayudas públicas
Sin duda la más llamativa en el ámbito laboral que afecta tanto a empresarios como a trabajadores es la prohibición de despedir si se reciben fondos públicos. Con esto se quiere decir la empresa no podrá justificar los despidos por causas objetivas de los trabajadores alegando perdidas económicas con motivo de la situación en oriente medio si se han recibido ayudas del Estado.
🏛 El #CMIn aprueba medidas laborales para paliar los efectos de la guerra en Oriente Próximo.
🙅♀️ Prohibido despedir en las empresas que reciban ayudas relacionadas con los efectos económicos de la guerra.
🚗Impulso de la entrada en vigor de los planes de movilidad sostenible. pic.twitter.com/0Gw142Endc
— Ministerio Trabajo y Economía Social (@empleogob) March 20, 2026
Eso no quiere decir que no se pueda despedir a un trabajador por motivos disciplinarios (recordando que este despido se debe por incumplimientos graves del trabajo). En otras palabras se protege el empleo, pero no es un escudo fijo como para que un trabajador pueda pensar que da igual cualquier cosa que no lo van a poder despedir.
Además, la limitación también afecta a otras decisiones laborales:
- Cese de actividad en autónomos
- Reducción de plantilla en cooperativas
Siempre que estas medidas estén vinculadas a la crisis derivada del conflicto.
El Gobierno empuja a las empresas hacia los ERTE
Desde el Ministerio de Trabajo insisten en que existen alternativas al despido. La principal es el uso de los ERTE, que permiten ajustar la actividad sin destruir empleo. Por ejemplo un ERTE de reducción de jornada o la suspensión de contratos temporalmente.
Este mecanismo ya fue clave durante la pandemia y vuelve a situarse como la herramienta principal para afrontar situaciones de crisis.
El mensaje del Gobierno es directo. Si hay ayudas públicas, debe mantenerse el empleo.
Riesgo de sanciones y devolución de ayudas
El incumplimiento de esta obligación puede tener como principal consecuencia la devolución de toda ayuda recibida del Gobierno, la misma sanción aplicada cuando se han puesto este tipo de medidos y se ha buscado proteger a los trabajadores.
Además, el paquete de medidas incluye nuevas exigencias, como la obligación de implantar planes de movilidad sostenible en determinadas empresas.
Esta obligación afectará a compañías con más de 200 trabajadores o 100 por turno y su incumplimiento también puede implicar sanciones o la devolución de ayudas.