Este martes, el Pleno del Congreso inicia el debate del proyecto de ley que busca prohibir el despido automático en casos de discapacidad sobrevenida. El actual Estatuto de los Trabajadores, en su artículo 49, permite que se pueda extinguir el contrato por gran invalidez o incapacidad permanente total o absoluta del trabajador.
El proyecto de ley pactado entre el Ministerio de Trabajo y Cermi, pretende precisamente modificar este artículo para que el despido sea la última opción. Es decir, la ley busca que estos trabajadores puedan conservar sus puestos de trabajo adaptándolos a su discapacidad o bien sean recolocados dentro de la empresa en otros puestos, siempre que se ajuste a su perfil profesional y condición física.
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) solicitó la semana pasada el apoyo de los grupos políticos para esta reforma, buscando bloquear una enmienda de Vox que pretende frenar su tramitación.
Vox argumenta que la propuesta traslada la carga económica de la prestación de incapacidad permanente a las empresas, incrementando sus responsabilidades financieras.
El texto de la reforma se enmarca en la revisión del artículo 49 de la Constitución, que busca sustituir el término «disminuidos» por «personas con discapacidad» y reforzar los derechos laborales de este colectivo. Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, defenderá la medida en el Congreso.
El Despido será la última opción
La reforma del Estatuto de los Trabajadores no prohibirá el despido en sí cuando al trabajar se le diagnostique una incapacidad permanente, sino que será este quien decida si quiere o no seguir en la empresa. En el caso de querer seguir, la empresa deberá adaptar el puesto o bien buscarle otro dentro de la compañía.
No obstante, esto no quiere decir que a la fuerza la empresa tenga que mantener al trabajador. Solo en el caso de que mantener al trabajador dentro de la compañía resulte un coste excesivo o bien no exista un puesto que se adapte a él, se contemplaría el despido.
La reforma establece criterios para evaluar si los ajustes necesarios para mantener el empleo representan un coste excesivo para las empresas. Este análisis incluirá posibles ayudas o subvenciones públicas.
Vox, sin embargo, critica que la ley pueda suponer una carga económica excesiva para las empresas, que deberán seguir pagando salarios y cotizaciones por empleados que podrían haber sido acogidos a prestaciones de Seguridad Social.