Los autónomos en su gran mayoría no les quedará otra que acudir a los tribunales para evitar devolver las ayudas que las Mutuas les están reclamando casi cuatro años después.
A finales de 2023 y durante todo el 2024, muchos han recibido la temida carta de la Mutua en la que se les solicitaba documentación para acreditar que realmente tenían derecho al cese de actividad extraordinario que cobraron. En dicha carta se les daba un plazo de apenas 15 días, para recabar la documentación ahora solicitada. Para muchos autónomos que lamentablemente ya no están dados de alta en el RETA, ha supuesto casi una misión imposible.
La doctrina Cakarevic, la clave para evitar tener que devolver las ayudas
Los afectados pueden acudir a la vía judicial invocando la doctrina Cakarevic del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). Esta doctrina sostiene que si el beneficiario actuó de buena fe y el error es atribuible a las autoridades, no debería procederse con la devolución de las ayudas, ya que implicaría una carga desproporcionada.
Precisamente hay un caso que llegó hasta el Tribunal Supremo donde se aplica esta doctrina. En el caso analizado por el alto tribunal se analizó concretamente la prestación por desempleo de un trabajador afectado por un ERTE durante la pandemia. El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) le concedió la prestación, cuando su jornada laboral se vio reducida al 75%, superando el límite del 70%.
Cuando el SEPE detectó el error, solicito al trabajador la devolución de la prestación cobrada. Sin embargo, el Tribunal Supremo aplica la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el caso Cakarevic contra Croacia.
Pasotismo por parte de las Mutuas a la hora de gestionar las ayudas
El motivo del reclamo de estas ayudas se debe al informe del 20 de diciembre de 2023 del Tribunal de Cuentas publicado en el BOE, que detectó incumplimientos significativos de los requisitos legales exigidos para percibir las ayudas, así como múltiples incidencias en el procedimiento de reconocimiento, gestión y control de estas prestaciones. En otras palabras, las Mutuas pasaron olímpicamente de comprobar si se cumplían o no los requisitos y concedieron las ayudas de forma automática. Por lo que se puede determinar que la concesión de estas ayudas, incluso para aquellos que no cumplían los requisitos, se debe a un error suyo.
Hay que destacar la falta de claridad de la normativa, junto con que hubo continuas modificaciones en los requisitos de acceso (que provocó una discriminación en la concesión, ya que, según el momento, a cada autónomo se le exigió unas condiciones y una forma para acreditarlas diferentes), ha provocado toda esta situación y un gran quebradero de cabeza para los autónomos.