Las oposiciones de Renfe para cubrir 600 plazas de operador comercial han quedado en suspenso. La compañía pública ha decidido paralizar el proceso después de que varios aspirantes denunciaran posibles irregularidades en el examen celebrado el pasado 6 de junio, una decisión que mantiene en vilo a más de 2.000 personas que se presentaron a la convocatoria.
La medida llega tras las quejas registradas por varios opositores, que aseguran que buena parte de la prueba psicotécnica, concretamente el ejercicio de aptitud verbal, coincidía con material de preparación utilizado previamente por alumnos de una academia. Según las denuncias, 35 de las 36 preguntas de esta parte del examen presentaban similitudes con esos contenidos.
Las denuncias cuestionan la igualdad del proceso
Los aspirantes consideran que esta circunstancia pudo otorgar una ventaja a quienes tuvieron acceso previo a esos materiales y, por tanto, se estaría vulnerando el artículo 23 de la Constitución Española, que establece que los ciudadanos tienen derecho a acceder al empleo público en igualdad de condiciones.
A las sospechas sobre el contenido del examen se suman otras reclamaciones relacionadas con la falta de publicación de los criterios de corrección, las plantillas oficiales de respuestas y los baremos utilizados en la prueba psicotécnica. A juicio de los opositores, esta situación dificulta la revisión de los resultados y limita las posibilidades de presentar reclamaciones con todas las garantías.
Renfe busca respaldo jurídico antes de tomar una decisión
Ante la gravedad de las denuncias, el tribunal encargado del proceso ha optado por solicitar un informe a la Abogacía del Estado. La intención es determinar qué pasos deben darse a partir de ahora y evitar que cualquier decisión pueda acabar siendo impugnada posteriormente.
La compañía también está recabando información y pidiendo explicaciones a People Experts, la empresa encargada de gestionar el proceso selectivo y de elaborar las pruebas. El informe jurídico deberá aclarar si las incidencias detectadas comprometen la validez del examen y hasta qué punto pudieron afectar al resultado final.
Las 600 plazas siguen en el aire
Por el momento, las plazas convocadas no han sido anuladas, pero su adjudicación ha quedado bloqueada hasta que exista una resolución. Entre los escenarios que se manejan figura continuar con el proceso, repetir únicamente la parte cuestionada del examen o, en el caso más extremo, anular la prueba afectada y reorganizar parte de la convocatoria.
Semanas después de presentarse al examen, más de 2.000 aspirantes continúan sin saber qué ocurrirá con el proceso. La posibilidad de que se repita alguna prueba o incluso se anule parte de la convocatoria mantiene en el aire el futuro de las 600 plazas.