Un funcionario del Hospital Universitario de Toulouse ha perdido definitivamente su puesto después de más de 25 años trabajando para el centro. Un caso que pone en el foco de atención el teletrabajo, pues fue a fin de cuentas lo que desencadeno su despido, ya que sus responsables comprobaron que existía una enorme diferencia entre el trabajo que realizaba en la oficina y el que hacía desde casa. A comienzos de 2024 gestionaba una media de 231 expedientes diarios presencialmente, mientras que durante sus jornadas de teletrabajo esa cifra bajaba hasta 49.
Los registros analizados por el hospital mostraban que su actividad desde casa llevaba años cayendo y que incluso hubo días en los que solo gestionó un expediente durante toda la jornada. La situación provocó que el hospital tomará medidas contra el funcionario, que decidió recurrirlas ante el Tribunal Administrativo de Toulouse. El 28 de enero de 2026, la Justicia confirmó la sanción de revocación, equivalente a su expulsión definitiva de la función pública francesa.
Pero esa bajada de rendimiento no fue el único culpable para que este funcionario perdiera su trabajo, el hospital ya le había sancionado por varios incumplimientos relacionados tanto con su trabajo como con su comportamiento.
De 242 expedientes en la oficina a 119 desde casa
El trabajador había entrado en el Hospital Universitario de Toulouse el 7 de diciembre de 1998 y consiguió la condición de funcionario titular en octubre de 2005. Desde 2015 estaba destinado como agente de gestión administrativa en el área encargada de la facturación de las estancias hospitalarias.
En junio de 2021 comenzó a teletrabajar dos días por semana. Apenas unos meses después, en octubre, consiguió ampliar ese régimen a tres jornadas semanales de teletrabajo después de solicitarlo él mismo.
Los problemas aparecieron lacuando el hospital analizó su actividad presencial con su actividad en la modalidad de teletrabajo. Una diferencia que resultó clave para el expediente, ya que permitió comprobar si existía una bajada continuada de su rendimiento y no únicamente jornadas puntuales con menor actividad.
Los datos incorporados posteriormente al expediente muestran que en 2022 gestionaba una media de 242 expedientes diarios cuando estaba en la oficina y 119 cuando trabajaba desde casa. Los datos mostraban que trabajando en casa su productividad bajó, pero esa diferencia aumento con los años, en 2023 paso a tramitar 238 expedientes diarios presencialmente frente a los 89 desde casa. Fue durante enero y febrero de 2024 cuando la diferencia ya fue mayor, con 231 expedientes en la oficina frente a solo 49 desde casa.
La comparación de la productividad también ha resultado decisiva en otros casos de despido por bajo rendimiento, como el de una administrativa cuyo trabajo fue comparado con el de un compañero que realizaba las mismas funciones.
Es más incluso hubo días en los que gestionaba menos de diez expedientes, llegando incluso a tramitar solo uno en un día. El 16 de enero y los días 7, 21 y 23 de febrero de 2024 gestionó únicamente un expediente. El hospital calculó además que durante 2023 se había generado un retraso de entre 500 y 700 expedientes. Incluso los tiempos de actividad llamarón la atención, pues según el registro permanecía activo menos de cuatro horas diarias de media, frente a las 7 horas y 11 minutos que transcurrían de media entre su primera y última conexión a un expediente cuando trabajaba presencialmente. Hubo casos extremos, como el 16 de enero, cuando el sistema registró solo cuatro minutos de actividad, o el 1 de febrero, cuando fueron tres minutos.
Por este motivo el Hospital tomó la decisión el 26 de febrero de retirarle el teletrabajo que tenía concedido. Una decisión que el empleado decidió recurrir y el centro modificó posteriormente su decisión. En lugar de quitarle todos los días de teletrabajo, paso a tener solo un día de teletrabajo a la semana.
El funcionario quería recuperar sus tres días de teletrabajo
El empleado acudió a la Justicia para intentar recuperar las condiciones anteriores. Entre otras cosas, pidió que el hospital entregara información sobre las conexiones de otros trabajadores que también trabajaban desde casa, los posibles problemas técnicos y los registros del programa utilizado para medir la actividad.
Su intención era poder comparar sus datos con los de sus compañeros y cuestionar la forma en la que el hospital había medido su rendimiento. También alegó que durante el teletrabajo existían problemas de mantenimiento y dificultades de conexión. Sin embargo, el tribunal no aceptó sus argumentos.
En relación con la reducción del teletrabajo, recordó que la normativa francesa permite que un empleado público ejerza sus funciones a distancia después de solicitarlo y recibir la autorización de su responsable, pero también permite poner fin a esta modalidad respetando determinadas condiciones. Los jueces entendieron además que dejarle únicamente un día desde casa no constituía una sanción disciplinaria. Aunque la decisión estaba relacionada con su menor dedicación horaria y productividad durante el teletrabajo, se trataba de una medida sobre la organización del trabajo.
El problema no terminó con su vuelta a la oficina
La fuerte caída del rendimiento era solo una cara de la moneda de todo este conflicto. El 22 de mayo de 2024 el hospital comunicó formalmente al funcionario que había abierto un procedimiento disciplinario contra él.
Entre los hechos que se le atribuían estaba haberse negado a participar en determinados trabajos relacionados con la facturación de habitaciones particulares. Según argumentaba el hospital, el funcionario había manifestado durante una reunión del 15 de enero que no realizaría esas tareas.
El hospital también le reprochó haberse negado a asistir a una formación, utilizar un procedimiento de duplicación que estaba expresamente prohibido y mantener comportamientos de burla hacia otros compañeros. Para la dirección, la suma de estas actuaciones incumplía las obligaciones que tenía como empleado público.
El procedimiento siguió adelante durante los meses siguientes hasta llegar al consejo disciplinario, que estudió el caso el 18 de octubre de 2024. El órgano dio su visto bueno a la medida propuesta por el hospital y, pocos días después, llegó la decisión que supondría la pérdida definitiva de su puesto.
El hospital decide despedirlo después de más de 25 años
El 31 de octubre de 2024, el Hospital Universitario de Toulouse acordó la revocación del funcionario con efectos desde el 15 de noviembre. Se trata de una de las sanciones más graves que pueden imponerse dentro de la función pública francesa, ya que supone la salida definitiva del empleado, un despido para que nos entendamos.
El hospital tuvo en cuenta que el trabajador ya había recibido anteriormente una sanción por incumplimientos graves relacionados con las reglas éticas en la gestión de datos administrativos. También valoró que algunos de los problemas detectados se habían mantenido durante un periodo prolongado.
El funcionario no estaba de acuerdo con perder su puesto después de tantos años trabajando para el hospital y decidió recurrir el despido. El 5 de diciembre de 2024 acudió al Tribunal Administrativo de Toulouse para intentar que se anulara la decisión y poder regresar a su puesto.
El funcionario recurre su despido y pide recuperar su puesto
En su recurso, el trabajador defendió sus más de 25 años de antigüedad, sus anteriores evaluaciones profesionales y su estado de salud para argumentar que la sanción era excesiva. También alegó haber sufrido acoso laboral y cuestionó algunos de los hechos utilizados por el hospital para justificar su salida.
Además de pedir que se anulara su despido, reclamó volver a su puesto y que se reconstruyera su carrera profesional, incluidos los derechos de pensión correspondientes al tiempo que permaneciera fuera de la Administración.
El tribunal examinó los hechos que habían llevado al hospital a tomar la decisión y consideró acreditados los incumplimientos que justificaban la medida. Entre ellos estaban la escasa actividad registrada durante el teletrabajo, la negativa a realizar determinadas tareas, la ausencia en una formación obligatoria, el uso de un procedimiento que había sido prohibido y los problemas de comportamiento con otros compañeros.
Los jueces también tuvieron en cuenta que no se trataba de hechos aislados y que el funcionario ya había sido sancionado anteriormente. Sus años trabajando para el hospital y las evaluaciones favorables que había recibido durante parte de su trayectoria no fueron suficientes para considerar excesiva la decisión adoptada por el centro.
Finalmente, el 28 de enero de 2026, el Tribunal Administrativo de Toulouse rechazó sus recursos y confirmó la sanción impuesta por el hospital. De esta forma, el funcionario no consiguió recuperar el puesto que ocupaba desde hacía más de dos décadas.
La decisión judicial tuvo además una última consecuencia económica para el trabajador. Había solicitado que el hospital asumiera los gastos relacionados con el procedimiento, pero ocurrió lo contrario. El tribunal le ordenó pagar 500 euros al Hospital Universitario de Toulouse por los gastos del proceso.