El Gobierno ha llegado para suavizar una delas medidas que más a «enfadado» a los empresarios del país, la prohibición de despedir en este año a las empresas que se hayan acogido a un ERTE.
La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, anunció hace unos días que las empresas que se hayan acogido a un ERTE y que no mantuvieran el 100% de su plantilla, deberían devolver a final de año todas las ayudas recibidas, con sus correspondientes recargos.
Finalmente el Gobierno ha accedido a suavizar esta medida, y permitirá a las empresas despedir, pero solo cuando estén al borde de la quiebra, es decir cuando concurra un riesgo de concurso de acreedores. Para el resto esta prohibición seguirá, pero se ha rebajado las sanciones en el caso de que decidan realizarlas,
El pacto limita estas sanciones a la devolución del importe de las cotizaciones de los trabajadores en ERTE de cuyo pago resultaron exoneradas. La devolución de las cotizaciones se incrementará con el recargo y los intereses de demoras correspondientes, así como las posibles infracciones que se deriven de la ley de Infracciones y Sanciones.
Los seis meses que el Gobierno ha dictado que las empresas deberán mantener como mínimo a sus trabajadores que vuelvan tras el ERTE empezará a contar desde el día de la incorporación a su puesto de trabajo.
No computarán como disminución de la plantilla ni los despidos disciplinarios procedentes, ni las jubilaciones o incapacidades, por lo que las empresas en estos casos mantendrán las ayudas.
En cuanto a los ERTEs el Gobierno ha pactado con la patronal y sindicatos que estos se prolonguen hasta el 30 de junio de 2020, aunque el Ejecutivo se reserva el derecho a prorrogar este plazo si persisten restricciones de actividad por razones sanitarias llegada esa fecha.
Las empresas que repartan dividendos entre sus acreedores o tengan domicilio en paraísos fiscales no podrán acogerse a ERTEs de fuerza mayor.