La pasarela al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) ha dado un paso decisivo en el Congreso. La Cámara Baja ha aprobado una versión más amplia de la reforma que permitirá a miles de mutualistas trasladar sus derechos económicos al sistema público para mejorar su jubilación.
El cambio más importante llegó durante la votación final. Los mutualistas que ya están jubilados, y que hasta ahora quedaban fuera de la medida, finalmente podrán acogerse a la pasarela. Además, se rebaja de 55 a 52 años la edad para acceder a la denominada fórmula 1×1, una de las principales reclamaciones de los afectados.
La proposición de ley continúa ahora su tramitación en el Senado, donde todavía podrían introducirse nuevas modificaciones.
Los mutualistas jubilados ya no quedan fuera
Hasta ahora, el texto dejaba sin acceso a quienes ya cobraban una pensión de su mutualidad o tenían reconocido el periodo mínimo para jubilarse en la Seguridad Social.
Sin embargo, una de las enmiendas aprobadas en el Pleno eliminó esa limitación. De esta forma, los mutualistas jubilados también podrán transferir sus derechos económicos acumulados al RETA.
La medida podría beneficiar a unas 47.000 personas, según las estimaciones manejadas durante la tramitación parlamentaria.
Se trata de uno de los cambios que más amplían el alcance de la reforma respecto al texto que salió inicialmente de la Comisión de Trabajo.
La edad baja de 55 a 52 años
La ley mantiene la conocida fórmula 1×1 para los mutualistas de más edad, pero amplía el número de personas que podrán acogerse.
Así, quienes hayan cumplido 52 años antes del 31 de diciembre de 2026 podrán computar cada mes cotizado en la mutualidad como un mes cotizado en el RETA a efectos del cálculo de la pensión.
La propuesta original fijaba el límite en los 55 años, pero durante la negociación parlamentaria se decidió rebajarlo para proteger a quienes están más cerca de la jubilación y tienen menos margen para mejorar su carrera de cotización.
Una respuesta a las pensiones más bajas
La reforma busca dar solución a una situación que afecta desde hace años a miles de profesionales colegiados, especialmente abogados, arquitectos, procuradores e ingenieros que optaron por mutualidades alternativas al sistema público.
Muchos de ellos denuncian que, después de décadas de trabajo, perciben prestaciones muy inferiores a las de quienes cotizaron en la Seguridad Social.
En algunos casos, las pensiones apenas alcanzan los 400 o 500 euros mensuales, una situación que ha provocado movilizaciones y protestas en distintos puntos de España durante los últimos años.
El traslado al RETA estará exento de IRPF
La norma incorpora además una ventaja fiscal para quienes decidan acogerse a la pasarela. La transferencia de los derechos económicos acumulados en las mutualidades no tendrá que tributar en el IRPF.
Esto evita que los profesionales tengan que asumir una factura fiscal por trasladar sus fondos al sistema público. No obstante, cuando posteriormente cobren la pensión de jubilación sí tendrán que declararla en la Renta, como ocurre con cualquier prestación pública.
La fórmula definitiva aún está por concretar
Aunque el Congreso ya ha dado luz verde a la reforma, todavía queda una cuestión importante por resolver. La ley deja para un desarrollo reglamentario posterior la fórmula que determinará cómo se transforman los derechos económicos acumulados en las mutualidades en periodos de cotización dentro del RETA.
Ese cálculo ha sido uno de los puntos que más debate ha generado durante toda la tramitación parlamentaria y será clave para determinar la mejora final que obtendrá cada mutualista en su futura pensión.
Antes de que la norma entre definitivamente en vigor, el texto deberá superar su paso por el Senado y volver al Congreso en caso de que la Cámara Alta introduzca cambios.

