El Ministerio de Trabajo ultima una norma incluida en el último pacto para la prórroga de los ERTEs que afecta a los trabajadores.
La última prórroga hasta el 31 de enero llegó tras el acuerdo entre el Gobierno, la patronal y los sindicatos que incluía varios cambios que obligaron a las empresas a volver a mandar la documentación de los trabajadores que ya estaba bajo un Expediente Regulador Temporal de Empleo (ERTE), aunque también llegaron a un acuerdo para beneficiar a los trabajadores en ERTE de cara a su reciclaje profesional, es decir, estos tendrán prioridad a la hora de acceder a los cursos de formación.
La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz espera que durante esta semana se apruebe esta orden ministerial para garantizar el acceso a este colectivo para los cursos tanto los dirigidos a desempleados como para ocupados. Con esto se mejora lo que ya está incluido desde 2015 en el Estatuto de los Trabajadores, donde se recoge que para estos trabajadores afectados se deben promover acciones formativas vinculadas a su actividad profesional, con el objetivo de que mejoren sus cualidades, polivalencia y por consiguiente mejorar su empleabilidad.
A pesar de que este contemplado en el Estatuto de los Trabajadores no siempre se llevan a cabo iniciativas o se establecen limitaciones para que estos trabajadores participen en las acciones formativas, es por lo que desde el Ministerio de Trabajo consideran necesario la elaboración y aprobación de una orden ministerial que pueda garantizar el acceso de estos trabajadores a cualquier tipo de formación, incluso darles prioridad.
La intención de Yolanda Díaz es que esta orden ministerial sea publicada esta misma semana en el Boletín Oficial de Empleo (BOE), en la que recoja que los trabajadores en ERTE tengan prioridad de acceso a las acciones formativas, aunque todavía podría sufrir alguna modificación antes de su aprobación, permitirá que estos trabajadores que están en suspensión de contrato o por reducción de jornada, con independencia de que sean por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción o derivadas de fuerza mayor.
Por tanto, se garantizará el acceso a todo tipo de acción formativa ya sea las organizadas por las empresas o las Administraciones, tanto las destinadas a trabajadores como para desempleados, aunque en esta última, solo dispondrán del 30% de las plazas de estos cursos. Eso sí Trabajo no destinará ninguna partida presupuestaria para financiar estos cursos formativos, que deberán ser costeados por los canales habituales.
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