Las empresas ya no podrán preguntarte cuánto cobrabas antes y tendrán que decirte el sueldo en sus ofertas de empleo

El Gobierno aprueba una reforma que cambia los procesos de selección en España. Las empresas deberán informar del salario inicial, indicar el convenio colectivo y utilizar lenguaje neutro en sus ofertas de trabajo.

Preguntar a un candidato cuánto cobraba en su anterior trabajo o publicar una oferta de empleo sin indicar el sueldo dejará de estar permitido en España. El Gobierno ha aprobado una reforma que cambia las reglas de los procesos de selección y obliga a las empresas a informar del salario inicial antes de contratar, además de prohibir las preguntas sobre los sueldos que una persona haya recibido en otros empleos.

La medida forma parte del Real Decreto-ley 39/2026, de 17 de noviembre, publicado este miércoles 18 de noviembre en el Boletín Oficial del Estado (BOE). La norma modifica la Ley de Empleo para que las personas que buscan trabajo conozcan desde el principio las condiciones económicas del puesto al que quieren optar. También obliga a utilizar lenguaje neutro respecto al género en las ofertas de empleo y endurece las sanciones para las empresas que incumplan las obligaciones de información.

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El cambio llega después de que España superara el plazo establecido por Bruselas para adaptar la normativa europea que obliga a informar de los salarios antes y después de contratar. Con esta reforma, el Gobierno incorpora nuevas medidas para evitar que las diferencias salariales entre hombres y mujeres se mantengan de un empleo a otro.

Las empresas tendrán que publicar el salario inicial y dejar de preguntar cuánto cobrabas antes

Hasta ahora, muchas personas que buscan trabajo se encuentran con ofertas que detallan las funciones del puesto, la experiencia necesaria o los requisitos para acceder a una entrevista, pero no indican cuánto van a cobrar. En su lugar, aparecen expresiones como «salario a convenir», «retribución competitiva» o simplemente «según convenio», que obligan al candidato a avanzar en el proceso de selección sin conocer las condiciones económicas.

La nueva regulación cambia esta práctica. El artículo 5 de la Ley de Empleo establece que las ofertas deberán incluir la retribución inicial del puesto de trabajo y el convenio colectivo aplicable. El salario tendrá que fijarse mediante criterios objetivos y neutros respecto al género, de manera que los candidatos dispongan de información económica antes de decidir si les interesa presentarse.

Para quienes están buscando empleo, la medida permitirá comparar mejor las ofertas y evitar entrevistas para puestos cuyas condiciones salariales no encajan con sus expectativas. La reforma también se suma a las nuevas obligaciones sobre la información del salario y la jornada laboral que las empresas deben facilitar a sus trabajadores.

Pero la reforma va más allá de lo que aparece escrito en un anuncio y durante las entrevistas de trabajo, las empresas ya no podrán preguntar cuánto cobra actualmente un candidato ni cuánto ganaba en sus anteriores empleos, de modo que se suma a la lista de preguntas prohibidas en una entrevista de trabajo. La prohibición también afecta a las agencias de colocación y a los intermediarios públicos o privados que participen en la contratación.

Hasta ahora, conocer el sueldo anterior de una persona podía servir a una empresa como referencia para hacerle una oferta económica más baja de lo que realmente se planteaba inicialmente. Con la nueva normativa, la remuneración deberá establecerse atendiendo a las características y responsabilidades del puesto, sin utilizar el historial salarial del candidato como punto de partida. El objetivo es evitar que una persona que ha cobrado menos en un empleo anterior arrastre esa diferencia a sus siguientes trabajos.

Las ofertas de empleo también deberán utilizar lenguaje neutro

La reforma también afecta a la manera en la que las empresas buscan trabajadores y los anuncios y las denominaciones de los puestos deberán ser neutros respecto al género, para evitar que una oferta transmita que el trabajo está dirigido únicamente a hombres o mujeres.

Uno de los ejemplos utilizados para explicar este cambio es el habitual «se busca camarera», que puede sustituirse por fórmulas como «personal de sala» o «camarero/a». La obligación afecta a cualquier sector y pretende que las ofertas no excluyan a posibles candidatos por razón de sexo.

Las preguntas que se hacen durante una entrevista también forman parte de ese control. En España ya se han conocido procesos de selección en los que una candidata terminó respondiendo a preguntas sobre su nacionalidad, sus bajas médicas e incluso si padecía alguna enfermedad, en lugar de centrarse en su experiencia profesional. La nueva reforma añade expresamente el historial salarial a la información que las empresas no pueden solicitar.

Además, los procesos de selección deberán respetar los principios de igualdad y no discriminación, incluidos aquellos en los que las empresas utilizan herramientas automáticas o sistemas de inteligencia artificial para seleccionar candidatos. Los anuncios también tendrán que facilitarse en formatos accesibles para las personas con discapacidad, teniendo en cuenta sus necesidades.

Multas de hasta 7.500 euros y entrada en vigor el 19 de noviembre

El Gobierno también ha modificado la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social para reforzar el cumplimiento de estas obligaciones. No facilitar a una persona que busca trabajo la información exigida por la normativa pasa a considerarse una infracción grave, con multas de entre 751 y 7.500 euros, según las circunstancias de cada caso.

Las consecuencias pueden ser mayores cuando durante un proceso de selección se solicitan datos prohibidos o se adoptan decisiones discriminatorias para acceder a un empleo. Estas conductas pueden constituir infracciones muy graves, con sanciones que, según su calificación y graduación, pueden alcanzar los 225.018 euros.

Las nuevas obligaciones comenzarán a aplicarse el 19 de noviembre de 2026, un día después de la publicación del real decreto-ley en el BOE. La norma deberá someterse posteriormente a la convalidación parlamentaria prevista para este tipo de disposiciones.

A partir de esa fecha, las empresas tendrán que revisar tanto la información que publican en sus ofertas como las preguntas que realizan durante las entrevistas. Para quienes buscan trabajo, el cambio supone poder conocer el salario inicial antes de enviar su candidatura y acceder a un proceso de selección en el que su sueldo anterior ya no podrá utilizarse como referencia para negociar cuánto van a cobrar.

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