El Gobierno ha garantizado a los sindicatos que los empleados públicos tendrán una subida salarial del 4,5% a partir del 1 de enero de 2027, pese al adelanto de las elecciones generales al próximo 29 de noviembre. El compromiso se trasladó este martes durante una reunión entre el Ministerio de Función Pública y los representantes sindicales, aunque todavía queda pendiente aprobar la norma que permitirá aplicar el incremento en las nóminas.
La confirmación llega cuando faltan poco más de cinco semanas para las elecciones y afecta a más de tres millones de empleados públicos. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha reclamado al Gobierno que apruebe la subida mediante un real decreto-ley antes de que se celebren los comicios, para evitar posibles retrasos si el Gobierno entra en funciones.
El incremento ya estaba pactado desde noviembre de 2025, dentro del acuerdo salarial firmado para el periodo 2025-2028. Sin embargo, la convocatoria electoral ha llevado a los sindicatos a pedir que se asegure su aplicación. El ministro de Función Pública, Óscar López, ya había manifestado su intención de dejar aprobada la subida salarial antes de las elecciones, aunque por ahora no se ha comunicado una fecha para hacerlo.
La subida del 4,5% tendrá efectos desde el 1 de enero de 2027
Durante la reunión de seguimiento del Acuerdo Marco por la Mejora del Empleo Público y el Servicio a la Ciudadanía, Función Pública reiteró que cumplirá con los incrementos salariales comprometidos. Para 2027 está previsto un aumento fijo del 4,5% sobre las retribuciones actualizadas de 2026, tal y como recoge el acuerdo publicado en el Boletín Oficial del Estado el pasado mes de febrero.
Este porcentaje forma parte de una subida acumulada pactada del 11% hasta 2028, repartida entre los distintos ejercicios. Para los trabajadores, el aumento de 2027 supondrá una mejora permanente de sus retribuciones, que se incorporará a la base salarial para calcular posteriores incrementos.
Además del 4,5%, los empleados públicos tienen pendiente otro 0,5% adicional correspondiente a 2026, que se abonará durante el primer trimestre de 2027 si la inflación de este año alcanza o supera el 1,5%. Esta cantidad tendría efectos retroactivos desde enero de 2026 y se sumaría a las retribuciones sobre las que se aplicará el incremento del próximo año.
El calendario electoral es ahora la principal preocupación de CSIF. El sindicato advierte de que, si la norma no se aprueba antes del 29 de noviembre, su tramitación podría retrasarse durante el periodo posterior a las elecciones. Además, recuerda que las administraciones autonómicas y locales necesitan conocer con suficiente antelación las nuevas cuantías para preparar sus presupuestos y actualizar las nóminas.
La petición sindical busca que los trabajadores puedan cobrar la subida desde las primeras nóminas de 2027, sin tener que esperar a una regularización posterior. Aunque Función Pública ha garantizado que el incremento tendrá efectos desde el 1 de enero, todavía no ha anunciado cuándo se aprobará la disposición que permitirá hacerlo efectivo.
Función Pública prepara sanciones para los responsables del abuso de temporalidad
La reunión también dejó novedades para los empleados públicos que llevan años encadenando nombramientos temporales. Según ha informado CSIF, el Ministerio está trabajando con las comunidades autónomas en una reforma del artículo 10 del Estatuto Básico del Empleado Público para definir el abuso de temporalidad y establecer sanciones contra los responsables administrativos que incumplan la normativa.
Entre las medidas que estudia Función Pública figura el cese de los gestores que permitan situaciones de abuso de temporalidad. La propuesta todavía se encuentra en fase de preparación, pero responde a un problema que afecta especialmente a los trabajadores interinos de las administraciones públicas.
Según los datos trasladados durante la reunión, la temporalidad en el empleo público continúa situada en torno al 27%, mientras que en sectores como Sanidad y Educación supera el 40%. El Gobierno ya había avanzado la preparación de nuevos controles y sanciones para frenar el abuso de temporalidad, una situación que sigue afectando a miles de trabajadores pese a los procesos de estabilización realizados en los últimos años.
CSIF reclama que la reforma incorpore sanciones para los responsables de estos incumplimientos y medidas reparadoras para las personas afectadas. El sindicato también pide eliminar la tasa de reposición, reforzar los controles y reducir la duración de los procesos selectivos para que no superen un año.
Las dietas y los complementos de residencia también siguen pendientes
Junto a las subidas salariales y la reforma de la temporalidad, CSIF ha pedido al Ministerio que cumpla el compromiso de actualizar las indemnizaciones por residencia y razón del servicio antes de que termine 2026. Función Pública ha trasladado al sindicato su voluntad de respetar ese plazo, aunque todavía no se han concretado las nuevas cuantías.
La revisión afecta a conceptos económicos que llevan años pendientes de actualización y que reciben determinados empleados públicos por sus condiciones de trabajo o destino. El Gobierno ya había anunciado que revisaría las dietas e indemnizaciones de los funcionarios, una medida que los sindicatos quieren dejar resuelta antes del cierre del ejercicio.
En la reunión también se abordó la continuidad de los grupos de trabajo encargados de estudiar otras mejoras, entre ellas la promoción interna, la carrera profesional, el mutualismo administrativo, las pensiones de Clases Pasivas y la clasificación de los puestos de trabajo.