El Partido Popular estudia sacar al Estado del capital de empresas privadas si Alberto Núñez Feijóo llega al Gobierno tras las elecciones generales del 29 de noviembre. La formación quiere revisar las inversiones públicas en compañías que compiten con otras empresas del sector privado, una medida que podría alcanzar a Telefónica, Talgo, CaixaBank y otras grandes sociedades españolas en las que la Administración mantiene participaciones.
El planteamiento lo ha explicado el vicesecretario de Economía del PP, Alberto Nadal, en una entrevista publicada por ABC. Los populares consideran que el Estado debe limitar su presencia empresarial a actividades relacionadas con la defensa, la seguridad nacional y determinados servicios esenciales.
El PP quiere retirar al Estado de empresas donde existe competencia privada
La propuesta supondría un cambio en la política de inversiones seguida durante los gobiernos de Pedro Sánchez, que han utilizado la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) para reforzar la presencia pública en grandes compañías. A través de este organismo, el Estado mantiene acciones en empresas de telecomunicaciones, tecnología, energía, transporte y otros sectores de la economía española.
Alberto Nadal ha defendido ante ABC que el PP considera «injustificada la presencia pública en sectores donde existe competencia privada». A partir de esa idea, un eventual Gobierno de Feijóo estudiaría cada inversión para determinar si existen motivos suficientes para que el Estado continúe como accionista o si resulta más adecuado abandonar esas compañías.
El PP quiere revisar las participaciones que mantiene el Estado en empresas privadas y estudiar en cuáles estaría justificada su continuidad. La posible retirada se analizaría caso por caso, teniendo en cuenta la actividad de cada compañía y su relación con sectores estratégicos o servicios esenciales. Por ahora, los populares no han anunciado qué empresas abandonarían ni cuándo llevarían a cabo esas operaciones.
Telefónica, Talgo y CaixaBank, entre las compañías que podrían verse afectadas
Una de las operaciones más destacadas de los últimos años ha sido la entrada del Estado en Telefónica, cuando en mayo de 2024, la SEPI completó la compra del 10% del capital de la operadora por unos 2.292 millones de euros, una inversión con la que el Gobierno recuperó una posición importante en su accionariado. La adquisición se justificó por el carácter estratégico de las telecomunicaciones y por la necesidad de proteger los intereses nacionales en este sector.
La presencia pública también alcanza a otras grandes compañías. Según la relación oficial de empresas participadas por la SEPI, el Estado mantiene el 27,99% de Indra, el 7,80% de Talgo, el 20% de Redeia y el 5% de Enagás. A estas inversiones se suman otras participaciones públicas, como la que conserva el Estado en CaixaBank a través del FROB, aunque cada empresa presenta una situación diferente.
La revisión que plantea el PP afectaría a empresas en las que el Estado mantiene participaciones de distinto tamaño, desde posiciones minoritarias hasta inversiones que le permiten influir en algunas decisiones empresariales. La posible salida del capital de estas compañías dependería de la actividad que desarrollan y de su importancia estratégica, mientras que cualquier venta de acciones tendría que ajustarse a su valor y a las condiciones del mercado.
La defensa y los servicios esenciales quedarían fuera de la retirada general
El criterio anunciado por los populares permitiría mantener la presencia estatal en empresas relacionadas con la Defensa y la Seguridad Nacional, así como en aquellas que prestan servicios esenciales que deben permanecer bajo control público. Nadal ha citado como ejemplo a Red Eléctrica, cuya actividad está vinculada al funcionamiento de la red de transporte de electricidad en España.
Esta diferencia afecta directamente a compañías como Indra, que desarrolla proyectos tecnológicos y de defensa, o Enagás, que participa en el funcionamiento de una infraestructura esencial para el suministro de gas. Por ello, la revisión no tendría por qué acabar con la salida del Estado de todas las empresas participadas, ya que el PP tendría que decidir cuáles cumplen los criterios que pretende aplicar.
El PP también plantea cambios en la dirección de las empresas públicas
Además de revisar las inversiones, el Partido Popular quiere modificar el perfil de las personas que ocupan puestos de responsabilidad en las empresas públicas. Alberto Nadal ha explicado que su intención es incorporar directivos con mayor experiencia profesional y capacidad de gestión, sin necesidad de cambiar el procedimiento de nombramiento que establece la legislación.
El planteamiento llega después de varios cambios en la dirección de grandes compañías participadas por el Estado durante el mandato de Sánchez. Uno de los más conocidos fue el relevo de José María Álvarez-Pallete por Marc Murtra en la presidencia de Telefónica en enero de 2025, cuando la SEPI ya se había convertido en uno de los principales accionistas de la operadora.
La propuesta del PP también alcanza a la propia función de las empresas públicas. Nadal considera que su existencia debe responder a una necesidad de interés general y que el Estado debe concentrar sus recursos en aquellas actividades donde su participación esté justificada.
Por ahora, el futuro de estas inversiones dependerá del resultado de las elecciones generales del 29 de noviembre. Si Feijóo consigue formar Gobierno, los populares tendrán que concretar qué participaciones mantienen, cuáles retiran y cómo se llevaría a cabo la salida del Estado de las compañías elegidas. La formación no ha anunciado operaciones de venta ni medidas laborales asociadas a este planteamiento.