Los autónomos tendrán que adaptar sus sistemas de facturación a VeriFactu durante 2027 si el Gobierno mantiene el calendario actual, pero ATA ha pedido que esos plazos vuelvan a retrasarse. La Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos reclama un calendario común para que VeriFactu se haga coincidir con la factura electrónica y los trabajadores por cuenta propia puedan realizar una única adaptación de sus programas y equipos, en lugar de afrontar varios cambios tecnológicos en los próximos años.
Con el calendario actual, las empresas sujetas al Impuesto sobre Sociedades deberán tener adaptados sus sistemas de facturación antes del 1 de enero de 2027. Los autónomos que desarrollan una actividad económica como personas físicas, junto con el resto de contribuyentes afectados que no tributan por ese impuesto, tendrán hasta el 1 de julio de 2027. ATA pide modificar estos plazos antes de su aplicación para hacerlos coincidir con el despliegue de la factura electrónica.
La organización considera que el problema no está únicamente en el tiempo disponible para adaptarse, sino en que después llegarán otros cambios relacionados con la facturación. Su propuesta pasa por coordinar VeriFactu con la factura electrónica obligatoria y con el desarrollo europeo de ViDA, de manera que los negocios no tengan que modificar sus sistemas cada vez que entre en aplicación una nueva obligación.
ATA pide retrasar VeriFactu para que los autónomos hagan una sola adaptación
VeriFactu y la factura electrónica están relacionados con la digitalización de la facturación, aunque cada normativa regula aspectos diferentes. Los nuevos requisitos de los sistemas informáticos afectan a los programas utilizados para facturar, mientras que la factura electrónica cambiará la forma en la que empresas y profesionales intercambian sus facturas cuando realizan operaciones entre ellos.
El Gobierno ya ha aprobado el nuevo sistema de factura electrónica que tendrán que utilizar empresas y autónomos en sus operaciones con otros negocios. Su aplicación será progresiva y actualmente no comparte las mismas fechas que VeriFactu, algo que ATA quiere aprovechar para reorganizar el calendario antes de que los trabajadores por cuenta propia tengan que empezar a realizar cambios.
La petición presentada a los ministerios de Hacienda y Economía busca que las distintas obligaciones se agrupen en una única transición tecnológica. ATA reclama incluso “congelar la exigencia de VeriFactu” hasta que exista un marco técnico coordinado que permita a los negocios prepararse para los diferentes cambios sin tener que sustituir o modificar nuevamente sus herramientas de facturación poco tiempo después.
Según explica la organización, mantener los calendarios separados podría llevar a un autónomo a pagar primero por la adaptación de su sistema a VeriFactu, realizar posteriormente cambios para utilizar la factura electrónica y afrontar más adelante nuevos ajustes relacionados con el modelo europeo. El presidente de ATA, Lorenzo Amor, resume esta petición señalando que “no tiene ningún sentido exigir hoy al autónomo que adapte su programa a VeriFactu para tener que volver a ajustarlo o cambiarlo meses después”.
ATA cifra en más de 2.500 euros algunas adaptaciones
El dinero que puede tener que invertir un pequeño negocio es uno de los argumentos utilizados por ATA para defender ese calendario común. La organización asegura que la adaptación de determinadas balanzas digitales de una frutería puede superar los 2.500 euros, mientras que los cambios en las cajas registradoras digitales de bares y restaurantes pueden alcanzar los 1.800 euros.
Estas cantidades son ejemplos aportados por ATA y no implican que todos los establecimientos tengan que asumir esos gastos. La Agencia Tributaria ha aclarado, por ejemplo, que una báscula puede estar afectada cuando reúne las características de un sistema informático de facturación y se utiliza dentro de ese proceso. Cuando la báscula se limita a expedir tickets y no se utiliza en un proceso de facturación, Hacienda indica que el reglamento de sistemas informáticos de facturación no resulta aplicable por ese motivo.
ATA también señala la situación de las farmacias, que trabajan con sistemas integrados para gestionar la receta y la facturación electrónica y ya han realizado inversiones para conectarlos con los colegios profesionales y la Administración. La organización teme que negocios que ya han destinado dinero a estas herramientas tengan que modificarlas nuevamente si las diferentes obligaciones se desarrollan sin un marco técnico común.
El coste tampoco será necesariamente el mismo para todos los autónomos, ya que la Agencia Tributaria dispone de una aplicación gratuita de facturación dirigida principalmente a profesionales y pequeños negocios con procesos sencillos. Esta herramienta permite generar facturas y remitir los correspondientes registros a Hacienda, por lo que puede cubrir las necesidades de quienes no requieren un programa de gestión más complejo.
La factura electrónica tiene un calendario diferente
La factura electrónica obligatoria tiene un calendario diferente al de VeriFactu. El Real Decreto 238/2026, de 25 de marzo, regula el sistema que deberán utilizar empresas y profesionales para intercambiar facturas electrónicas y establece una implantación progresiva según su volumen de operaciones.
Los plazos no comenzaron a contar automáticamente con la publicación del real decreto en marzo de 2026. Su aplicación depende de la entrada en vigor de la orden ministerial que complete el desarrollo de la solución pública de facturación electrónica. A partir de ese momento, las empresas y profesionales que superen los ocho millones de euros de volumen de operaciones dispondrán de 12 meses para adaptarse, mientras que el resto tendrá 24 meses.
Esto significa que todavía no puede fijarse una fecha concreta de entrada en vigor de la factura electrónica para todos los autónomos contando simplemente dos años desde marzo de 2026. VeriFactu, en cambio, mantiene por ahora sus plazos de enero y julio de 2027, y es precisamente esa diferencia de calendarios la que ATA quiere eliminar para que las distintas adaptaciones puedan realizarse de forma coordinada.
La factura electrónica también cambiará la manera en la que los negocios intercambian y gestionan estos documentos. Las facturas utilizarán formatos electrónicos estructurados que permitirán procesar automáticamente la información y el sistema incorporará comunicaciones sobre su estado. El modelo permitirá utilizar plataformas privadas y contará también con una solución pública de facturación electrónica gestionada por la Agencia Tributaria.
ATA quiere que el calendario español tenga en cuenta los cambios europeos
La petición de ATA también mira hacia las modificaciones que llegarán desde la Unión Europea mediante ViDA, el paquete de medidas que está transformando las reglas del IVA y la digitalización de determinadas operaciones. Una de sus principales fases comenzará el 1 de julio de 2030, cuando se aplicarán nuevas obligaciones europeas de reporte digital para determinadas operaciones B2B transfronterizas, mientras que la adaptación del marco europeo continuará durante los años siguientes.
Para ATA, esas fechas refuerzan la necesidad de diseñar ahora sistemas que puedan seguir utilizándose cuando avance la normativa europea. La organización quiere evitar que un autónomo tenga que adaptarse primero a VeriFactu, realizar después los cambios necesarios para la factura electrónica española y volver a modificar sus herramientas para ajustarse al modelo europeo.