El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) va a recurrir a una empresa externa para mejorar el sistema con el que gestiona las prestaciones por desempleo. El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha sacado a licitación un contrato que puede superar los 5 millones de euros si se ejecutan todas las prórrogas previstas. Entre los trabajos previstos están mejorar el control de los pagos, simplificar la tramitación de las prestaciones e incorporar nuevas herramientas de automatización e inteligencia artificial.
La decisión tiene una explicación que aparece en la propia documentación del contrato. Según los pliegos publicados en la Plataforma de Contratación del Sector Público, el SEPE no dispone de medios y personal propio suficiente para asumir la carga técnica y especializada que requiere esta actualización. La empresa que consiga el contrato tendrá que aportar, como mínimo, un equipo de 11 profesionales.
El presupuesto máximo será de 1,25 millones de euros al año, IVA incluido. El contrato tendrá inicialmente una duración de un año, pero podrá prorrogarse durante otros cuatro. De utilizarse todas las prórrogas, el servicio alcanzaría los cinco años y el importe estimado global superaría los cinco millones de euros.
El SEPE quiere mejorar el control de las prestaciones
La contratación no parte únicamente de la necesidad de modernizar las herramientas que utiliza el organismo. Trabajo explica que también busca responder a las recomendaciones realizadas en los informes de fiscalización de la Intervención Delegada y del Tribunal de Cuentas.
Uno de los puntos principales será corregir las deficiencias detectadas en el seguimiento del pago y de las deudas por prestaciones. Para ello se adaptarán los procesos a la contabilidad pública, con la intención de tener un control más detallado del dinero abonado y de las cantidades que deben recuperarse cuando se producen cobros indebidos.
Esta parte afecta directamente a los beneficiarios. Un cobro indebido aparece cuando el SEPE considera que una persona ha recibido una cantidad que no le correspondía y reclama su devolución. Estas reclamaciones deben estar correctamente justificadas y los tribunales ya han anulado casos en los que el organismo no explicó adecuadamente por qué exigía devolver el dinero. Precisamente, el nuevo servicio deberá mejorar el seguimiento de los pagos y las deudas pendientes por prestaciones.
La gestión del paro incorporará más automatización e inteligencia artificial
El otro gran bloque del contrato está relacionado con la forma en la que se tramitan las prestaciones. Trabajo quiere avanzar hacia un modelo más ágil, simplificado y automatizado, utilizando nuevas tecnologías para mejorar tanto la gestión de los expedientes como el acceso de los ciudadanos a los servicios del SEPE.
La licitación incluye el desarrollo de herramientas avanzadas de automatización e inteligencia artificial y el impulso de la administración electrónica. El objetivo es simplificar procesos y facilitar las gestiones que los ciudadanos realizan a través de la sede electrónica del organismo.
La documentación no detalla qué trámites concretos utilizarán estas herramientas de inteligencia artificial ni señala que la concesión o denegación de una prestación vaya a quedar en manos de estos sistemas. Lo que recoge el contrato es su utilización dentro de un proceso más amplio de modernización y automatización de la gestión del desempleo.
Una empresa externa aportará al menos 11 profesionales
Para realizar estos trabajos, la adjudicataria deberá poner a disposición del SEPE un equipo mínimo de 11 profesionales. Estará compuesto por un director de proyecto, un coordinador del servicio, siete consultores sénior y dos analistas. Si en algún momento fuera necesario, el equipo podrá reforzarse con hasta cuatro profesionales adicionales.
También habrá un periodo inicial de adaptación de hasta dos meses para que el equipo adquiera los conocimientos necesarios para desarrollar el servicio. Esta fase no tendrá un coste adicional para el SEPE. Posteriormente, la empresa facturará de manera trimestral en función de los trabajos que hayan sido terminados y validados.
El nuevo servicio podría comenzar en febrero de 2027
Las empresas que quieran optar al contrato tienen hasta las 9.00 horas del 14 de septiembre de 2026 para presentar sus ofertas, según recoge el anuncio de licitación publicado en el Boletín Oficial del Estado. Una vez cerrado ese plazo comenzará la resolución del concurso y la apertura de las propuestas económicas está prevista para el 6 de octubre.
Las empresas que quieran optar al contrato tienen hasta las 9.00 horas del 14 de septiembre de 2026 para presentar sus ofertas. Una vez cerrado ese plazo comenzará la resolución del concurso y la apertura pública de las propuestas económicas está prevista para el 6 de octubre.
Si se cumplen los plazos previstos, el servicio comenzará el 1 de febrero de 2027 o desde la fecha en la que finalmente se formalice el contrato. A partir del requerimiento del SEPE, la empresa elegida dispondrá de un máximo de 15 días hábiles para incorporar al equipo encargado de desarrollar los trabajos.