El Gobierno y los sindicatos se sientan a negociar la Oferta de Empleo Público (OEP) de 2026 en un momento especialmente tenso. La reunión llega justo después de que la justicia europea haya cuestionado el sistema español de interinos. Aunque ambas partes acordaron volver a reunirse una vez cerrada la jornada de 35 horas para el personal funcionario de la Administración General del Estado.
El encuentro tendrá lugar este viernes 17 de abril dentro de la Comisión de Temporalidad y Empleo. Aunque el orden del día se centra en la OEP, las conversaciones se desviarán seguramente para el tema sobre cómo gestionará España el abuso de los contratos temporales en el sector público.
La idea es ofertas unas 27.000 plazas en 2026
Aunque el Gobierno aún no ha confirmado cifras oficiales, las primeras conversaciones con los sindicatos antes de aplazar las conversaciones apuntaban a una oferta de empleo público muy similar a la del año pasado.
En concreto, se baraja una cifra cercana a las 27.000 plazas para la Administración General del Estado, en línea con la OEP de 2025.
El año pasado se aprobaron 26.889 puestos en la Administración central. Si se suman otros cuerpos como Fuerzas Armadas, Policía Nacional o Guardia Civil, la cifra total superó las 36.000 plazas, incluyendo más de 6.000 ya autorizadas para estos cuerpos.
Ese es ahora el punto de partida que maneja el Ejecutivo. Sin embargo, los sindicatos consideran que estas cifras podrían quedarse cortas.
Las organizaciones reclaman una oferta mayor para cubrir las necesidades reales de personal y reducir la carga de trabajo en muchas administraciones, especialmente en los servicios más saturados.
Tensión entre Gobierno y sindicatos
Con la sentencia reciente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea cuestionando las medidas actuales en España para no abusar de la contratación temporal en el sector público, el debate está en hacer o no fijos a los interinos afectados.
Mientras que el Ministerio de Función Pública ha dejado claro que la sentencia no forma parte del orden del día y la considera “meramente aclaratoria”, rechazando que España vaya a hacer fijos a los interinos.
Sin embargo, los sindicatos no piensan ignorarla. Llegan a la reunión con la intención de forzar cambios en el modelo. Entre ellas está la posibilidad de la fijeza, tal y como demanda Javier Arauz, el abogado de los interinos. El abogado va más allá y advierte de las consecuencias si no se opta por hacer fijos a estos trabajadores. La alternativa, explica, sería indemnizar a los afectados sin un tope claro, lo que podría disparar el coste para las arcas públicas.