La Oferta de Empleo Público (OEP) de 2026 ya tiene una cifra orientativa sobre la mesa y partirá sobre la convocatoria de la oferta de empleo público de 2025, es decir unas 36.000 plazas y se plantea el mismo número para la Administración General del Estado (AGE), en torno a las 27.000 plazas.
Sin embargo, su tramitación se ha quedado en pausa. El Gobierno ha decidido no avanzar en la negociación hasta cerrar primero la implantación de la jornada laboral de 35 horas para los funcionarios.
Unas 27.000 plazas previstas para 2026
Las primeras conversaciones entre el Ministerio de Función Pública y los sindicatos apuntan a una oferta muy similar a la de 2025. Es decir, en torno a 26.800 plazas para la Administración General del Estado.
El año pasado, la OEP incluyó 26.889 puestos en la Administración central y más de 36.000 en total si se suman otros cuerpos como las Fuerzas Armadas o para los Cuerpos de la Policía Nacional y Guardia Civil (plazas que ya han tenido el visto bueno del Gobierno con 6.094 plazas).
Esa es la referencia que ahora maneja el Gobierno, aunque todavía no ha confirmado cifras oficiales. Los sindicatos dan por hecho que el volumen será parecido, pero reclaman que incluso se supere para cubrir las necesidades reales de personal.
La oferta queda en pausa por la jornada de 35 horas
A pesar de ese avance inicial, el Gobierno quiere dejar a un lado estas negociaciones y centrarse en cerrar primero la jornada laboral de 35 horas semanales para los empleados públicos.
De hecho, la OEP no se abordará en las próximas reuniones previstas, ya que el objetivo inmediato es sacar adelante este cambio en el horario de los empleados públicos.
Este movimiento retrasa los plazos previstos y pone en duda que la oferta pueda aprobarse en abril, como se había planteado inicialmente.
Los sindicatos exigen más plazas y empleo real
Las organizaciones sindicales han advertido de que repetir las cifras de 2025 puede quedarse corto. Denuncian que el año pasado se jubilaron más trabajadores de los que entraron, por lo que no se reforzaron las plantillas.
Por eso, reclaman una oferta más ambiciosa que refuerce servicios saturados como el SEPE, la Seguridad Social o las Instituciones Penitenciarias.
También exigen que la reducción de jornada a 35 horas vaya acompañada de nuevas contrataciones para evitar sobrecarga de trabajo y garantizar la atención al ciudadano.
Más de 9.000 plazas siguen sin convocarse
A esta situación se suma otro problema y es que hay plazas acumuladas de convocatorias que no se han llegado a convocar. Actualmente, hay miles de plazas pendientes de ejecución de ofertas públicas de empleo de años previos.
En concreto, más de 5.700 plazas de nuevo ingreso y más de 3.200 de promoción interna siguen sin convocarse, lo que afecta directamente a las oportunidades de acceso al empleo público.