Tener un trabajo y cobrar un sueldo cada mes no siempre es suficiente para acceder a una vivienda. El precio del alquiler y las dificultades para comprar una casa están detrás de una de las principales reivindicaciones de la huelga general convocada para este miércoles 11 de noviembre, una movilización que ha puesto al Gobierno ante una pregunta incómoda. Si los trabajadores no pueden pagar una vivienda con sus salarios, ¿debería haber hecho más el Gobierno para evitarlo?
La pregunta llegó este martes durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, evitó responder directamente si el Gobierno debería haber adoptado más medidas para afrontar la crisis de la vivienda. En su lugar, defendió el derecho a la huelga y reclamó respeto para los sindicatos que han convocado el paro.
La respuesta se produjo a menos de 24 horas de una jornada de protestas que reclama salarios más altos y viviendas asequibles. Mientras Saiz reivindicaba las reformas laborales aprobadas por el Gobierno, el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, animaba a los trabajadores a secundar la huelga y criticaba que una parte de sus ingresos acabe convertida en beneficios para los propietarios de viviendas.
El Gobierno pide respeto para los sindicatos, pero evita responder por la crisis de la vivienda
Durante su comparecencia, Elma Saiz no entró a valorar si el Gobierno había hecho lo suficiente para solucionar uno de los problemas que más afectan al bolsillo de los trabajadores. La ministra centró su respuesta en los avances conseguidos mediante el diálogo social, entre ellos la reforma laboral y la de pensiones, que presentó como ejemplos de mejoras para la ciudadanía.
«Lo que sí que pido es respeto, respeto para los sindicatos», afirmó Saiz, que defendió la huelga como una movilización «a favor de los derechos del conjunto de la ciudadanía». También recordó que el derecho a parar está protegido por la Constitución y pidió que se respete la decisión de quienes quieran participar.
Detrás de la convocatoria hay una realidad que los sindicatos llevan tiempo denunciando. Tener empleo no siempre garantiza disponer de ingresos suficientes para pagar una vivienda, especialmente cuando el alquiler consume una parte importante del sueldo. Las organizaciones convocantes consideran que las mejoras salariales pierden buena parte de su efecto cuando los gastos básicos siguen aumentando.
Esta preocupación también aparece en la negociación del salario mínimo para 2027. El Ministerio de Trabajo ha llevado a audiencia pública una propuesta para elevarlo a 1.286 euros brutos mensuales en 14 pagas, mientras CCOO y UGT reclaman superar los 1.300 euros. Los sindicatos consideran que los salarios deben permitir afrontar el coste de la vivienda y los gastos cotidianos.
La huelga fue registrada el pasado 19 de octubre para reclamar mejoras salariales y facilitar el acceso a una vivienda. La convocatoria también provocó el rechazo de la patronal, que llegó a plantear su impugnación por considerar que tenía fines políticos y electorales.
Bustinduy anima a los trabajadores a hacer huelga mientras Sánchez deja su agenda pública vacía
La postura del ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, fue diferente a la expresada por Saiz. Durante la misma rueda de prensa, mostró su «apoyo sincero, rotundo y absoluto» a la huelga general y animó a los trabajadores a participar en una movilización que, a su juicio, debe servir para defender el derecho a una vivienda digna.
Bustinduy criticó un modelo inmobiliario que, según denunció, convierte las rentas salariales de los trabajadores en beneficios privados. El ministro dirigió sus críticas a la especulación y a la acumulación de viviendas por parte de grandes propietarios, a quienes acusó de beneficiarse del esfuerzo económico de quienes necesitan una casa para vivir.
En su intervención también recordó que los derechos laborales se han conseguido históricamente mediante las movilizaciones y las huelgas. El ministro aseguró que hará «todo lo posible» para contribuir al éxito de la convocatoria, aunque no confirmó expresamente que vaya a dejar de trabajar durante la jornada.
Por su parte, Pedro Sánchez y sus ministros no tendrán actos en sus agendas públicas este miércoles. La previsión es que la mayoría de los miembros del Gobierno continúe trabajando desde sus despachos, mientras cada ministro decide si participa en la huelga.
Saiz tampoco aclaró si ella misma hará huelga. Preguntada por la participación de los ministros, respondió que lo importante es garantizar el derecho de los trabajadores a secundarla y respetar a quienes decidan ejercerlo.