lunes 15 abril 2024

EmpleoJob | Noticias de trabajo, prestaciones y ayudas

InicioeconomíaEl Supremo obliga al Estado a pagar una indemnización por una plusvalía

El Supremo obliga al Estado a pagar una indemnización por una plusvalía

El Tribunal Supremo ha condenado al Estado a indemnizar a una mujer que tuvo que pagar la plusvalía pese a vender su casa y garaje a pérdidas

El Tribunal Supremo ha emitido una sentencia histórica obligando por primera vez al Estado a indemnizar a una mujer por el pago de la plusvalía tras la venta de su vivienda y plaza de garaje, a pesar de no haber obtenido ninguna ganancia patrimonial.

Esta decisión marca un punto de inflexión significativo, ya que hasta el momento el Tribunal había rechazado este tipo de demandas.

Antecedentes y contexto legal

Si bien en fallos previos, la justicia había ordenado la devolución de cantidades pagadas por los contribuyentes en concepto del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), más conocido como plusvalía municipal, cuando los vendedores no habían obtenido beneficio alguno, la concesión de una indemnización es un acontecimiento novedoso.

La demanda fue presentada por la propia vendedora, quien solicitó una indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado debido al cobro de la plusvalía municipal por parte de la Diputación de Málaga, a pesar de no haber obtenido ganancias con la venta. La base de su solicitud radica en que adquirió las propiedades en 2002 por 264.176,14 euros (IVA incluido) y las vendió en 2013 por 225.000 euros (206.943,75 euros descontando los gastos de intermediarios), por lo que esta transacción resultó en una perdida económica.

El Tribunal Supremo obliga al Estado a indemnizar a la vendedora

El Tribunal Supremo dictaminó en su sentencia 364/2024 que el Estado está obligado a indemnizar a la vendedora por el daño causado, incluyendo el pago de cuotas, intereses y sanciones asociadas a la plusvalía. Estos costes derivan de irregularidades en el cálculo de la base imponible del IIVTNU, así como de la aplicación de una normativa declarada inconstitucional.

Como consecuencia de esta situación, la vendedora se vio obligada a hacer frente a los siguientes pagos:

  • 5.993,56 euros en concepto de cuotas e intereses.
  • 4.191,53 euros por sanciones.
  • 351,02 euros en gastos de procurador, sin incluir otros gastos no cuantificados como los de Notaría, apoderamientos, honorarios de abogados y desplazamientos.

Finalmente, el Tribunal Supremo ha estimado el recurso contencioso-administrativo, declarando una indemnización total de 10.185 euros, excluyendo los 351,02 euros correspondientes a los gastos de procurador que se imputan al Estado. Además, se ha anulado el Acuerdo del Consejo de Ministros de 20 de diciembre de 2022 que rechazaba las solicitudes de indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado legislador en relación con el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.

Lo más leído

Últimas noticias

Google News EmpleoJobs
Canal WhatsApp EmpleoJob