La Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) ha denunciado al Gobierno de España ante la Comisión Europea por no haber aplicado el conocido como IVA franquiciado, un régimen de exención previsto para autónomos y pequeños negocios que facturen por debajo de un determinado umbral anual.
Según la organización, España ha incumplido los plazos establecidos por la normativa comunitaria y se ha convertido en el único país de la Unión Europea que no ha puesto en marcha este sistema, lo que, a su juicio, perjudica la competitividad de los trabajadores por cuenta propia y aumenta innecesariamente su carga administrativa.
La denuncia presentada en Bruselas se basa en el incumplimiento de la Directiva Europea 2020/285 del Consejo, de 18 de febrero de 2020, que modificó la Directiva 2006/112/CE del IVA. Esta reforma establecía un nuevo régimen especial de exención para pequeñas empresas y fijaba dos fechas clave: el 31 de diciembre de 2024 como límite para su transposición a las legislaciones nacionales y el 1 de enero de 2025 para su aplicación efectiva.
Hemos denunciado ante la Comisión Europea al Gobierno por incumplimiento de la Directiva Europea 2020/285 sobre IVA Franquiciado
La Directiva tenía que haber entrado en vigor el día 1 de enero de 2025 y eximiría de repercutir IVA a todos los autónomos y empresas que facturen… pic.twitter.com/uPXcUJNt1G— Lorenzo Amor (@lorenzoamor_ata) December 15, 2025
Exención de IVA para quienes facturen menos de 85.000 euros
La directiva europea permite a los Estados miembros establecer un umbral de facturación anual de hasta 85.000 euros, por debajo del cual los autónomos pueden quedar exentos de repercutir, liquidar y declarar el IVA. El objetivo es simplificar obligaciones fiscales y reducir la burocracia para los pequeños negocios.
ATA sostiene que, a día de hoy, el Gobierno español no ha adoptado ninguna medida legislativa para aplicar este régimen y que la Ley del IVA no contempla un sistema general de franquicia basado en un umbral de facturación, como sí ocurre en el resto de países de la UE.
El presidente de ATA, Lorenzo Amor, ha reclamado la implantación en España de “un régimen real de simplificación y exención de IVA para pequeños negocios, alineado con la UE, que reduzca cargas administrativas y facilite el cumplimiento”. En su opinión, la falta de adaptación a la normativa comunitaria genera inseguridad jurídica y resta competitividad a los autónomos españoles.
España, el único país sin IVA franquiciado
Desde la organización recuerdan que todos los países de la Unión Europea cuentan con algún tipo de exención de IVA para pequeños negocios, con umbrales que varían en función del Estado miembro. Mientras que en países como Francia, Irlanda o Italia el límite alcanza los 85.000 euros, en otros es inferior. En el caso de España, el umbral es inexistente.
Para ATA, esta situación vulnera principios básicos del Derecho de la Unión Europea, como la efectividad, la no discriminación, la proporcionalidad, la seguridad jurídica, la competencia leal y la libertad de establecimiento.
Hacienda niega que sea una obligación europea
Desde el Ministerio de Hacienda, sin embargo, rechazan la interpretación de ATA y niegan que la directiva obligue a implantar un sistema de IVA franquiciado. Fuentes del departamento que dirige María Jesús Montero aseguran que la normativa europea no impone esta exención y recuerdan que España ya cuenta con otros regímenes fiscales, como el simplificado o el recargo de equivalencia, que consideran compatibles con la directiva.
Hacienda sostiene que la transposición de la norma europea, aún pendiente, no implica necesariamente la puesta en marcha de una franquicia de IVA y defiende que el sistema actual ya contempla mecanismos de apoyo a los autónomos.
Pese a ello, desde ATA insisten en que se trata de una oportunidad perdida para modernizar el sistema tributario y aliviar las obligaciones fiscales de cientos de miles de trabajadores por cuenta propia. Según sus estimaciones, alrededor de un millón de autónomos podrían beneficiarse de este régimen, siempre de forma voluntaria, teniendo en cuenta que quienes se acojan a la exención no podrían deducirse el IVA de sus gastos.