Tres personas irán a juicio en Córdoba acusadas de poner en marcha un entramado de empresas con el que habrían conseguido mantener su actividad mientras dejaban atrás las deudas generadas por las cotizaciones de sus trabajadores. La Fiscalía cifra el presunto fraude a la Seguridad Social en 617.288 euros y pide para cada uno de ellos tres años de prisión.
El juicio está previsto para este martes 29 de septiembre en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba. Según la acusación del Ministerio Público, detrás de las distintas sociedades había en realidad un mismo negocio y una estrategia para dificultar que la Tesorería General de la Seguridad Social pudiera cobrar las cantidades pendientes. Para ello se habrían utilizado cuatro sociedades mercantiles constituidas de forma sucesiva o simultánea.
Creaban nuevas empresas mientras aumentaba la deuda con la Seguridad Social
El origen del caso está en las cuotas generadas por los trabajadores contratados. La Fiscalía atribuye a uno de los acusados la decisión de no ingresar las cotizaciones derivadas del alta de los empleados ni las cantidades correspondientes a la recaudación conjunta, con la intención de obtener un beneficio económico a costa de la Seguridad Social.
La primera sociedad comenzó a acumular deuda por esas cuotas impagadas, pero la actividad no terminó ahí. Según el relato de la acusación, los implicados comenzaron a constituir nuevas empresas y llegaron a formar una estructura con cuatro mercantiles. Todas ellas utilizaban el mismo local y habrían permitido continuar con el negocio mientras las deudas con la Seguridad Social seguían pendientes de pago.
El funcionamiento que describe la Fiscalía buscaba además dificultar el trabajo de la Unidad de Recaudación Ejecutiva. A medida que aparecían las nuevas sociedades, se complicaba el cobro de las cantidades que habían quedado pendientes en las anteriores. El caso guarda similitudes en este punto con otro entramado de empresas que acumulaba deudas por cotizaciones mientras seguía funcionando, aunque aquel procedimiento incluía también contratos simulados para acceder a prestaciones.
La Fiscalía atribuye un papel diferente a cada uno de los tres acusados
Dentro de este entramado, la acusación diferencia las funciones que habría desempeñado cada procesado. Uno de ellos sería el verdadero gestor de las empresas y quien habría diseñado la estructura societaria. Otro habría actuado de común acuerdo con él como testaferro, apareciendo formalmente como fundador y administrador único de las distintas sociedades.
El tercer acusado habría participado mediante sucesivos arrendamientos simulados del local en el que se desarrollaba la actividad. Según la Fiscalía, de esta forma se intentaba ocultar quién estaba realmente detrás del negocio y entorpecer el cobro de las deudas por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social.
La sucesión de sociedades es precisamente una de las claves del caso. Cuando una empresa comenzaba a acumular cuotas pendientes, los acusados habrían continuado la actividad mediante otras mercantiles sin saldar previamente las cantidades adeudadas. La acusación sitúa así el importe total presuntamente defraudado en 617.288 euros.
Por los hechos que ahora llegan a la Audiencia Provincial de Córdoba, la Fiscalía solicita para cada uno de los tres acusados tres años de prisión y una multa de 1,2 millones de euros. La defraudación de cuotas a la Seguridad Social está recogida en el artículo 307 del Código Penal, que establece las penas aplicables cuando se elude el pago de estas cantidades y se superan los límites fijados legalmente.
Será ahora el tribunal el que examine las pruebas y los argumentos de las partes durante el juicio. Los tres procesados llegan a la vista como acusados y no como condenados, por lo que los hechos descritos forman parte de la acusación de la Fiscalía y todavía no han sido declarados probados mediante sentencia.