El Ayuntamiento de Fuengirola ha puesto en marcha una polémica medida para combatir el absentismo laboral en su plantilla con la contratación de detectives privados para vigilar a los empleados públicos durante su baja médica.
La iniciativa, calificada por el propio consistorio como “excepcional” y “sin previsión de repetirse a corto plazo”, busca controlar y comprobar la veracidad de determinadas bajas laborales que, según argumentan, superan ampliamente la media nacional.
Un contrato de un año y hasta 18.148 euros de presupuesto
El contrato, impulsado desde la Concejalía de Recursos Humanos, contempla un presupuesto base de 14.999 euros más IVA, lo que asciende a 18.148 euros en total. La duración será de un año, y durante ese tiempo la empresa adjudicataria deberá realizar seguimientos de, al menos, diez trabajadores que se encuentren en situación de incapacidad temporal o con informes médicos que indiquen limitaciones para sus funciones.
El seguimiento incluirá la vigilancia de sus domicilios y de los lugares que frecuenten, durante al menos tres días por persona, aunque el periodo podría ampliarse si el departamento de Recursos Humanos lo estima necesario. Cuantos más funcionarios se vigilen, más puntuación obtendrá la empresa en el proceso de adjudicación, ya que el criterio de número de empleados vigilados supone el 40% de la valoración.
El absentismo en Fuengirola llega al 10% en algunos departamentos
El Ayuntamiento justifica la medida (como se indica en el documento que puede leerse en la Plataforma de Contratación del Estado) por el alto absentismo laboral que presenta determinados servicios municipales, sobre todo en áreas como Servicios Operativos y Limpieza donde se ha alcanzado una tasa de absentismo del 10%, muy por encima de la media nacional.
La alcaldesa Ana Mula, del Partido Popular, respalda esta decisión como parte de una estrategia para garantizar un uso eficiente de los recursos públicos y evitar el mal uso del dinero de los contribuyentes. Además de esta medida, el consistorio ha solicitado informes a la mutua laboral y al servicio de vigilancia de la salud para diseñar otras acciones complementarias que promuevan la salud laboral.
Investigación previa y pruebas fehacientes
Antes del seguimiento físico, los detectives deberán llevar a cabo una investigación previa que incluya la verificación de datos facilitados por el Ayuntamiento, la búsqueda de otros domicilios, teléfonos, lugares de trabajo alternativos y cualquier incidencia relevante publicada en páginas oficiales o redes sociales.
La finalidad es demostrar, de forma fehaciente, si el trabajador está llevando a cabo actividades incompatibles con su situación médica, como realizar esfuerzos físicos, cargar peso, conducir, o trabajar por cuenta propia o ajena. El contrato deja claro que no bastarán con suposiciones y “nunca serán suficientes hechos que lo presupongan sin un nexo claro y directo con los hechos que se pretenden probar”. Con esto, el Ayuntamiento no quiere ‘cogerse las manos’ y sancionar a trabajadores con un posible despido que luego pueda acabar en los juzgados con indemnizaciones que repercuten directamente a las arcas públicas.
Si no que se lo digan, por ejemplo, a Mercadona, que a pesar de los informes del detective, el despido de su trabajador terminó siendo improcedente y tuvieron que indemnizarlo.
Una práctica legal pero poco común en el sector público
Muchos trabajadores se preguntan si es legal que la empresa contrate detectives privados para vigilar su baja médica, una práctica muy habitual en las empresas del sector privado, pero que rara vez se ve en el sector público.
Aunque no es muy frecuente, la decisión del Ayuntamiento de Fuengirola no es algo pionero, ya que el Ayuntamiento de Alcorcón ya contrató detectives privados en 2024 con el mismo objetivo.
Preocupación sindical y presentación de ofertas en marcha
Mientras algunos sectores ven esta medida como una herramienta legítima para controlar el fraude, los sindicatos han expresado su preocupación por el impacto en los derechos de los trabajadores. Temen que pueda instaurarse un clima de desconfianza y vigilancia constante, especialmente en un contexto de tensiones laborales.
La convocatoria para que las agencias de detectives presenten sus ofertas finaliza el próximo lunes. Tras la adjudicación, comenzarán los seguimientos y se pondrán en marcha el resto de medidas del Ayuntamiento para frenar el absentismo, garantizar la eficiencia del personal y salvaguardar el buen uso de los fondos públicos.