La Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía ha reanudado oficialmente los cursos de Formación Profesional al haber adjudicado en las 8 provincias los primeros de la convocatoria publicada el 2 de septiembre de 2016, dotada con 65.000.000€.

Algo más de un año ha necesitado  la Junta de Andalucía para la tramitación de estas primeras adjudicaciones tras 5 años en los que esta línea de ayudas para la utilización quedó absolutamente paralizada al advertirse en 2012 de  numerosas irregularidades en el procedimiento administrativo. Un fraude millonario que dio pie a un largo proceso, a día de hoy archivado, y a la convocatoria de una comisión parlamentaria que determinó la responsabilidad administrativa del fraude por la carencia de control, no pudo especificar la millonaria cifra de dinero malversado y ajustó las responsabilidades políticas a los altos cargos de la Consejería exonerando a los máximos líderes de la Junta en el periodo investigado, los presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

Recordamos lo sucedido en el fraude las escuelas taller y talleres de empleo.

La investigación se remontó al año 2002 y puso de manifiesto una década de adjudicaciones sin control, cursos que no se efectuaban, profesores que no lo eran, dinero malversado y el incumplimiento sistemático de los requisitos finalistas del programa que habitualmente incluía la inserción laboral de los pupilos. Las dimensiones del escándalo forzaron al presidente Griñán a inmovilizar el procedimiento. La Junta se amparó en falta de medios para la fiscalización y prometió dotar al programa de empleo —que se financia con fondos del Estado y comunitarios— de las garantías precisas para eludir las irregularidades. En esto ha tardado 5 años, a lo largo de los que Andalucía, la segunda comunidad autónoma con mayor tasa de paro debió devolver al Estado más de 620.000.000€ , algo más de la mitad de los fondos transferidos para combatir el desempleo.

1.523 nuevas acciones formativas

El consejero de Empleo, Empresa y Comercio, Javier Carnero, se felicitó de haber cumplido «el calendario previsto», en referencia al último plazo dado en el mes de junio por la Junta. De la convocatoria en marcha se producirán 1.523 acciones formativas, en las que van a poder participar 22.845 desempleados. En Sevilla, por servirnos de un ejemplo, se han sido adjudicados hasta el momento 326 cursos a 56 entidades. En toda Andalucía, los cursos de Capacitación Profesional para el Empleo van a ser dados por 343 entidades con un presupuesto de 64.900.000€.

El consejero,  resaltó que en la convocatoria, aparte de adecuarse a los cambios legales a nivel estatal, se han incluido las primordiales novedades que anunció en su instante la presidente Susana Díaz en el Parlamento, entre aquéllas que se hallan primar las acciones formativas que dejen a los adjudicatarios la obtención de certificados de profesionalidad, como garantía de la utilidad de la capacitación recibida en el momento de acceder a una oferta de trabajo, y el establecimiento de criterios de baremación cuantificables que garanticen la concurrencia competitiva en el acceso a las subvenciones para la realización de cursos, como la imposibilidad de poder subcontratar las acciones formativas por la entidad adjudicataria.

Nuevo modelo

Con relación a la manera de pago, se fija una sola forma, las entidades adjudicatarias van a recibir como anticipo un25% de la subvención en el instante de la concesión de la misma; un 35% una vez acreditado el comienzo de la actividad formativa, y el 45% sobrante tras la justificación total de la subvención concedida. Caso de que las entidades adjudicatarias sean entidades públicas, como las Escuelas Taller y Talleres de Empleo, se ha aprobado últimamente por el Consejo de Gobierno la modificación en la manera de pago incrementando el anticipo al 75% de la subvención en el caso de los municipios, lo que supone un alivio financiero notable para los corporaciones municipales en la ejecución de estos proyectos.

Con la nueva normativa, la concesión y los pagos se someten a un procedimiento de fiscalización anterior, la justificación final de las subvenciones se efectúa a través de la presentación de la cuenta general justificativa de la actuación y el informe de un auditor y que las entidades adjudicatarias están correctamente acreditadas para dar la capacitación para la utilización, debiendo contar con medios suficientes y convenientes para poder desarrollar las acciones formativas.