sábado 27 noviembre 2021

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Los interinos de Educación y Sanidad excluidos del pacto para convertirlos en fijos

No todos los interinos se beneficiarían de esta medida del Gobierno para bajar la temporalidad en las administraciones públicas

Parece que la nueva medida que el Gobierno pondrá en marcha para bajar la tasa de temporalidad que existe en las administraciones públicas no afectará a todos.

El pacto alcanzado por el Ministerio de Hacienda con Unidas Podemos, ERC y PNC, en el marco del proyecto de ley de estabilización del empleo, permitirá que los interinos que lleven al menos 5 años ocupando su plaza pasen a ser fijos.

Los interinos que lleven desde antes del 1 de enero de 2016 de manera ininterrumpida pueden optar a su plaza a través de un concurso de méritos. Por lo que no tendrán que presentarse al examen de oposición  y solo se les valorará por su formación y experiencia laboral. Así con casi toda seguridad, conseguir  mantener su plaza, pero en esta ocasión de forma indefinida.

Profesores y sanitarios no se beneficiaran de la neuva medida para ser fijo

Sin embargo, tal y como ha adelantado «Invertia-EL ESPAÑOL« esta medida que tiene importantes visos de inconstitucionalidad no cubriría a la mayoría de los interinos que podrían beneficiarse de ella.

Quedaría fuera del amparo de esta medida el personal docente y el personal estatutario y equivalente de los servicios de salud, así como el personal laboral de las Administraciones públicas. Tal y como recoge el texto pactado.

Al menos 330.000 interinos se quedarían fuera.

Según ha informado el CSIF, se estarían descartando 200.000 interinos de sanidad y otras 130.000 profesores de educación infantil, primaria y secundaria que cumplen los requisitos para optar a su plaza fija sin tener que pasar por una oposición.

Ambos sectores  profesionales son donde la tasa de temporalidad es más elevada. Es por ello que los sindicatos no entienden como se quedan fuera de esta medida.

En líneas generales la tasa de temporalidad en el sector público roza el 30%. El objetivo es rebajar ese porcentaje hasta que se sitúe en el 8%. Es el porcentaje que la Unión Europea exige a España.

 

 

 

 

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