El Gobierno aragonés va a convocar oposiciones para un total de1.700 plazas en la Oferta Pública de Empleo de Aragón 2018 si bien estos planes van a estar condicionados a la aprobación terminante de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2018.
Si se aúnan las plazas ofertadas en el precedente ejercicio, fruto del primer pacto subscrito entre el Gobierno de España y las organizaciones sindicales, el total de plazas que se alcanzaría sería paroximadamente det 2.800 plazas, lo que supondría una reducción de la temporalidad en el ámbito de Administración General de la Comunidad Autónoma de Aragón de más o menos un 60%
De este modo lo ha anunciado la directiva general de Función Pública y Calidad de los Servicios en el trascurso de la Mesa Técnica que se ha constituido en Zaragoza como acordaron la Dirección General de Función Pública del Gobierno de Aragón y las organizaciones sindicales en la asamblea que se llevo a caboen la Mesa de Negociación de la Administración General de la Comunidad Autónoma, notifican fuentes del Ejecutivo en una nota de prensa.
Esta Mesa Técnica tiene previsto abordar los términos por los que se va a desarrollar el II Pacto para la mejora del empleo Público y las condiciones laborales subscrito por el Gobierno de España y las Organizaciones Sindicales, Comisiones Obreras, O bien.G.T. y C.S.I.F., en el que se acordaron, entre otras muchas, una serie de medidas con la meta reducir la tasa de temporalidad en la Administración de la Comunidad Autónoma en un 8%.
Conforme dichas fuentes, las oposiciones para 1.700 plazas en la Oferta Pública de Empleo de Aragón 2018 son un proceso histórico en la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón que aparte de favorecer la estabilización del empleo temporal acarreará “una enorme ocasión de empleo para el conjunto de la sociedad aragonesa“.
Tras este proceso de negociación está prevista la aprobación de las pertinentes ofertas de trabajo público, indispensable, conforme dichas fuentes, para asegurar la profesionalidad de los empleados públicos y la calidad del funcionamiento de los servicios públicos y para asegurar el derecho constitucional de acceso en igualdad de condiciones a las funciones públicas.
En el caso del proceso de estabilización, como se acordó el año pasado, el sistema para la provisión de las plazas se va a deber ajustar al sistema de concurso-oposición, con lo que la Dirección General de la Función Pública y Calidad de los Servicios instó a las organizaciones sindicales a la necesidad de llegar a un pacto sobre las bases que tienen que regir los procesos y las convocatorias.
